A inicios del siglo XIX, la monarquía hispana se hallaba en un nuevo ciclo de guerras, pero esta vez como aliada de Francia. Un hecho un tanto sorprendente, teniendo en cuenta que tras la ejecución de Luis XVI, entre 1793 y 1795, España luchó contra esa nueva República. Por entonces integró la Primera Coalición (Austria, Rusia, Nápoles, Cerdeña, Inglaterra, Países Bajos), formada para acabar con el mal ejemplo revolucionario francés y fortalecer el sistema monárquico en Europa. Pero, derrotada, se ve obligada a firmar el Tratado de Paz de Basilea en 1795, en el que pierde la parte oriental de la Española. Al año siguiente, por el Segundo Tratado de San Idelfonso, establece una alianza militar con el Directorio francés contra un viejo enemigo común: Inglaterra. Así, hasta 1808, hubo un continuo estado de guerra contra los ingleses. Esta alianza no fue favorable para proteger los intereses de España en América. De hecho, en el contexto de la guerra contra la Tercera Colación, España vio hundida parte importante de su flota en la batalla naval de Trafalgar, en 1805, perdiendo su preeminencia marítima a favor de Inglaterra. No es casual que los ingleses, al poco tiempo, intentaran invadir dos veces Buenos Aires o que apoyaran la expedición de Francisco Miranda a Venezuela.
En 1807, mediante el Tratado de Fontainebleau, los aliados decidieron invadir y repartirse Portugal. Pero para que el plan fuese efectivo debía permitirse el paso de las tropas francesas en territorio español. Parecía el fin de la monarquía tanto por el descontento social que llevó a la abdicación de Carlos IV ante su hijo Fernando VIII como por la traición de Napoleón que invadió España, a fin de hacerse de la Corona para su hermano José. Mas lo que sucedió poco después fue un levantamiento general del pueblo español contra el invasor francés que, ante la ausencia del rey, llevó a cabo una revolución política que impactó en la península y en América. Entre julio de 1808 y mayo de 1814, los eventos políticos llevaron a constituir una monarquía constitucional.
En América, los criollos se mostraron leales a Fernando VII y estaban dispuestos a luchar contra los invasores franceses. Los virreinatos de Nueva España y del Perú se mantuvieron fieles al gobierno de la península y participaron de forma inédita en la política hispana, mandando representantes a la Junta Central, previamente elegidos mediante elecciones. En otras regiones, más bien trataron de establecer, al igual que en la península, juntas de gobierno fieles al rey, pero con autonomía respecto a otras autoridades políticas, como en el Alto Perú. Con todo, es una época de incertidumbre por los continuos cambios políticos producto de la guerra. Durante los primeros meses tras la abdicación, los americanos no sabían a quién obedecer, dadas las noticias contradictorias que llegaban junto con emisarios peninsulares, y las pretensiones políticas de Carlota Joaquina, hija de Carlos IV.
Línea de tiempo
Se produce el Motín de Aranjuez, que lleva a Fernando VII a tomar la Corona española. Napoleón solicita al rey el pase de su ejército para atacar a Portugal, e invade España, obligando a Fernando VII y a Carlos IV abdicar a favor de su primo José. Se produce un levantamiento general del pueblo español contra los franceses al punto de detener su avance. No obstante, la situación cambia cuando Napoleón ingresa en España, en diciembre, con su Grande Armée. Al mismo tiempo, se forman juntas de gobierno en España. En América, tanto el apoyo a Fernando VII como el rechazo a los franceses es general.
La situación económica en España hacia 1808 era muy precaria, a la que se sumaron las epidemias. Mientras el emperador francés Napoleón Bonaparte combatía a sus enemigos en Europa, España era su aliado y apoyó su causa, desatándose voces a favor y en contra, así como diversos rumores. Muchos se preguntaban: ¿cómo se mantendrá a tantos franceses que ingresarán en España para invadir Portugal? Al mismo tiempo, crecía la incertidumbre sobre sus verdaderas intenciones: ¿son aliados o enemigos? El 17 de marzo, en Madrid, con la presencia de tropas francesas, se vio asaltada por varias revueltas, cuyas voces se alzaron contra Manuel Godoy, ministro de la Realeza española, quien constantemente había actuado con intrigas a lado de la reina María Luisa de Parma. Godoy fue atrapado dos días después y estuvo a punto de ser linchado por la muchedumbre airada.
De esta manera, se produjo el Motín de Aranjuez, abdicando el rey Carlos IV a favor de su hijo Fernando VII, al cual denominaron El Deseado, el 19 de marzo de 1808. La reacción contra Godoy se explica por la presencia del ejército francés —sesentaicinco mil soldados— en España, gracias al Tratado de Fontainebleau, firmado el 27 de octubre de 1807, entre Napoleón y Godoy. Además, se agregaron los rumores de un posible viaje de los monarcas españoles a sus colonias de América, promovido por Godoy, como había ocurrido con los reyes portugueses, quien intentó desmentir inmediatamente. Testimonios cercanos a la época afirman que
Entre la multitud bullían gentes de la nobleza, aunque disfrazadas con el traje de la plebe, militares de todos los cuerpos de la guarnición, partidarios también entusiastas de la pronta elevación del príncipe de Asturias, y numerosos agentes del embajador francés, imbuyendo en todos la idea de que sus compatriotas venían a derrocar a Godoy de su poderío y privanza.
Ahora bien, el descontento en Aranjuez estalló por partidarios del príncipe Fernando, quienes pedían la cabeza de Godoy y el próximo ascenso al trono del mencionado heredero. La monarquía española no volvió a ser la misma: ese año significó un punto de quiebre en todos sus reinos, en especial América. Por tanto, más allá de Godoy, debemos destacar que los fernandinos estuvieron detrás de este acontecimiento, guiados por sus afanes políticos, y castigaron a los seguidores del ministro. Así narraron los hechos algunos testigos de la época, tras consumar la elevación del rey Fernando:
Sin más aparato que el entusiasmo popular de los madrileños entró Fernando a caballo por la Puerta de Atocha (…) Nunca recibió monarca alguno tan sincera y cariñosa bienvenida de parte de sus súbditos.
Corrió por Madrid el rumor de que los franceses querían la restauración de Carlos IV en el trono. Hacia el 23 de abril, se confirmó que el exministro Godoy fue entregado a Murat, emprendiendo su partida hacia Francia, al igual que los reyes destituidos. Al respecto, testimoniaban ideas como estas:
… hacían viajes nocturnos a Aranjuez y concertaban con la blanda y benéfica María Luisa el destino de la nación (…) no puede omitirse que la señora había jurado salvar a Manuel y destronar a su hijo Fernando, que Carlos IV firmó cuanto María Luisa había concertado con Murat…
Hasta ese momento no existía la idea de los afanes napoleónicos por apoderarse del trono y entregárselo a su hermano. Tras la fallida estrategia de hacer huir a los reyes de España a sus colonias de América, Napoleón invitó a Fernando VII a Bayona (Francia). Cabe decir que el monarca español había buscado antes que el emperador francés legitimara su coronación, por lo que no demoró en aceptar, dejando una junta de gobierno, conformada por su tío el infante Antonio. Por otra parte, Carlos IV y su esposa habían aceptado también la invitación, creyendo que Napoleón intervendría para devolverle su corona.
Fernando VII llegó a Bayona el 20 de abril, mientras que Carlos IV y María Luisa llegaron diez días después. Las reuniones en Bayona se vieron aceleradas por los acontecimientos del 2 de mayo, cuando la población de Madrid se levantó en armas contra del ejército francés, lo que representó el inicio de la guerra de la independencia española. Entre el 5 y el 6 de mayo, Napoleón, como anfitrión de la familia real española, tenía otras intenciones, dando paso a las abdicaciones sucesivas de Fernando VII y Carlos IV a su favor. Inmediatamente nombró a Joaquín Murat como regente de las Españas e Indias, mientras convencía a su hermano de ocupar el trono español, a quien le escribió lo siguiente:
España no es Nápoles; tiene 11 millones de habitantes, unos impuestos públicos de más de 150 millones de francos, sin contar los enormes ingresos coloniales, y posee todas las Américas
Bajo estas circunstancias, José Bonaparte se convierte en el supuesto nuevo monarca español. La noticia sobre las abdicaciones de Bayona causó el surgimiento de juntas de gobierno en diversas ciudades, que mostraron su fidelidad a Fernando VII, quien permaneció en el palacio de Talleyrand, en Valençay (Francia), hasta 1814. Los españoles no estuvieron dispuestos a entregar su soberanía a Francia.
Napoleón y José Bonaparte tuvieron la lógica de la instalación de cortes, una institución que llevaba décadas en desuso, por lo que no fue una idea exclusiva de la España fernandina como la mayoría cree. Teniendo en cuenta esto, se estableció la Asamblea de Bayona, que inició sesiones el 15 de junio. El objetivo del emperador francés era institucionalizar su régimen sobre la monarquía española mediante un anteproyecto de constitución, que fue presentado a la junta el 20 de junio. Para llevar a cabo esta figura política, se convocó a representantes del reino por medio de una publicación en la Gaceta de Madrid, el 24 de mayo. Napoleón logró convocar a ciento cincuenta diputados, pero solo concurrieron setentaicinco a la primera sesión y noventaiuno a la segunda.
El encargado de presidir la Asamblea de Bayona fue Miguel de Azanza, proveniente de la Junta de Gobierno de Madrid, y como secretarios estuvieron Antonio Ranz Romanillos y Mariano Luis Urquijo. Por otro lado, tuvo algunos representantes americanos, como Ignacio Sánchez de Tejada y Francisco Antonio Zea (Nueva Granada), José Joaquín del Moral (Nueva España), y José Ramón Milá de la Roca (Buenos Aires), de quienes se recogió propuestas del criollismo ilustrado, como la igualdad de derechos entre provincias americanas y españolas.
El producto de estas reuniones fue el Estatuto de Bayona, preelaborado por Napoleón, en el que se tuvo en cuenta las propuestas de los diputados convocados, siendo aprobado y jurado el día 7 de julio de 1808 por la Junta y el rey José I, y publicado en la Gaceta de Madrid entre el 27 y el 30 de julio de ese año. A diferencia de la Constitución de Cádiz, que planteó que “el Gobierno de la Nación española es una Monarquía moderada hereditaria”, la Constitución o Estatuto de Bayona carecía de disposiciones acerca de la forma de gobierno que pretendía instaurar. Para la mayoría esto significó que se trataba de una monarquía limitada por la existencia de dicho documento, apareciendo un “gobierno de leyes” en vez de un “gobierno de hombres”.
De este modo, la monarquía constitucional que instauró el Estatuto de Bayona buscó inscribirse en el modelo imperial, en el que el rey se convierte en el órgano político más relevante del Estado, cuya base se hizo sobre el molde de la Constitución francesa del año VIII, artículos extraídos de las Constituciones napoleónicas (en Nápoles, Westfalia, Holanda o el Gran Ducado de Varsovia) y las propuestas de los diputados de la Junta. Al final, su vigencia fue limitada tanto por las derrotas militares de los franceses como por ser ejecutada de manera gradual al estar sujeta por la intermediación del monarca.
A la larga, en el reinado de José Bonaparte, no se establecieron verdaderas cortes, la alternativa política mediante la cual persiguió obtener su legitimidad como gobernante, siguiendo algunas tradiciones de este país. Sin embargo, aparecieron dilemas como el decidir si debían establecerse según un modelo habitual o el previsto en la propia Constitución de Bayona. Por otro lado, si bien algunos miembros de las élites españolas lo apoyaban, la reacción popular se impuso, dando paso al denominado inicio de la guerra de la independencia española, por lo que —entre mayo y junio— se formaron juntas locales de gobierno como muestra del rechazo al rey José I.
Hacia el 24 de setiembre, en Aranjuez, se constituyó la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino, compuesta por veinticinco vocales, a los cuales se añadieron nueve más. La mitad eran miembros de la aristocracia, y el resto, religiosos, militares y un solo miembro del pueblo. Se reunieron representantes de Aragón, Asturias, Canarias, Castilla La Vieja, Cataluña, Extremadura, Galicia, Baleares, Murcia, Valencia, Madrid, Toledo, León Navarra, Jaén, Córdoba, Granada y Sevilla. Su primer presidente fue José Moñino y Redondo, conde de Florida Blanca, importante ministro en tiempos de Carlos III. Como su secretario estuvo Martín de Garay, quien años después fue ministro de Hacienda de Fernando VII.
En cuanto a su organización, estuvo conformada por cinco ministerios: Asuntos de Estado o Negocios Extranjeros, Gracias y Justicia, Guerra, Marina y Hacienda. Se pretendió agregar uno que tratase los asuntos de Indias, pero al final no se aprobó. Además, logró la centralización de trece juntas supremas, pertenecientes a diez reinos, dos principados y una provincia de la península ibérica. Asumió varias tareas, destacando proteger la soberanía de la monarquía española, coordinar la guerra contra los franceses con el respaldo de sus antiguos enemigos (los británicos), administrar las rentas, entablar comunicaciones con otras juntas y realizar una convocatoria de representantes americanos.
Además, su existencia no supuso la desactivación de las juntas provinciales, pero sí la subordinación de todas a su mandato soberano. De esta manera, el 16 de octubre de 1808, las juntas provinciales acataron la decisión de la Junta Central Suprema y Gubernativa, que les prohibió conceder en adelante grados militares y empleos civiles o eclesiásticos. Sin embargo, tuvo una corta duración como sede debido a que, en noviembre, se produjo la llegada de Napoleón a España, la toma de Madrid y el avance del ejército francés hacia el sur, haciéndose necesario la elección de un nuevo lugar, que resultó ser Sevilla.
Hablar de esta nueva sede nos lleva a recordar el espíritu juntista español que se utilizó como medio de rechazo al monarca francés José I en varias ciudades, que buscaron asumir el poder ejecutivo ante la ausencia de Fernando VII. En estas circunstancias, apareció la Junta de Sevilla, creada el 28 de mayo de 1808, que se autoproclamó Suprema de España e Indias, señalando que iba a ejercer las funciones del rey de España, protegería a la religión, la patria y sus leyes. Además, logró la subordinación de algunas juntas provinciales, como la de Jaén, Granada, Málaga, Córdova y Cádiz. Por otro lado, fue presidida por Francisco Saavedra —antiguo secretario de Estado—, a quien llamaron Alteza. A la Junta de Sevilla se agregaron veintiún miembros: dos nobles, dos militares, dos comerciantes, tres miembros de la audiencia, cuatro de la corporación municipal y ocho notables locales.
La Junta de Sevilla dirigió la victoria contra el ejército francés comandado por el general Dupont, en la batalla de Bailén, llevada a cabo el 19 de julio. Se trató de la victoria más importante contra estos enemigos, destacando el general Castaños. Sin embargo, a pesar de estos ánimos de liderar la independencia española, Aranjuez concretó la formación de la Junta Central añorada. Ante esto, Sevilla tuvo con dicha Junta Central una relación conflictiva y más cuando esta se instaló en la mencionada ciudad. En el caso de los reinos de América, estos tuvieron un mayor recelo a la Junta de Sevilla, prefiriendo a la Junta Central, por lo menos al principio de su instalación.
Meses después, las tropas francesas, lideradas por el mariscal Jean-de-Dieu Soult, hicieron su entrada en Sevilla. La Junta Central Suprema y Gubernativa había decidido trasladarse a Cádiz, mientras que la sevillana se fue disolviendo. Finalmente, la Junta Central Suprema y Gubernativa gobernó entre 1808 y 1810, para luego disolverse. En su reemplazo, se creó el Consejo de Regencia de España e Indias, que estableció las Cortes de Cádiz, así como los decretos, elecciones de diputados peninsulares y americanos, y la redacción de la constitución liberal española de 1812, entre otros.
Carlota Joaquina de Borbón fue la hija mayor de Carlos IV y hermana de Fernando VII. Se convirtió en reina de Portugal por su matrimonio con Juan VI de Braganza. En 1806, por su intento de complot contra el monarca, se hizo pública su separación. Pero, en 1807, ante la ineludible invasión napoleónica que se avecinaba, ambos partieron al exilio en Brasil. Una vez en Río de Janeiro, se enteró de las abdicaciones en Bayona. Decidió presentarse como una alternativa de regencia para cubrir “transitoriamente” la vacatio regis y buscar una salida dinástica, al poseer el parentesco más directo con la familia monárquica española, a diferencia de Pedro Carlos, hijo del hermano del rey Carlos IV, a quien se estaba proponiendo como posibilidad para asumir el cargo.
Sin embargo, la infanta Carlota no estaba dispuesta a renunciar a los derechos que le otorgaba su linaje, hasta que supuestamente lograran liberarse del yugo francés, pretensiones de regencia que causaron gran revuelo. De esta manera, hizo público su reclamo mediante un manifiesto que firmó el 19 de agosto de 1808, a partir del siguiente argumento: ante la ilegitimidad de las abdicaciones y la falta de libertad de toda su familia, contaba con el derecho de ser depositaria de la soberanía usurpada por Napoleón. En sus palabras:
… suficientemente autorizada y obligada a ejercer las veces de mi Augusto Padre y Real Familia de España existentes en Europa, como la más próxima representante suya en este continente de América para con sus fieles y amados vasallos… no me considero más que una Depositaria y Defensora de esos derechos que quiero conservar ilesos e inmunes de la perversidad de los franceses para restituirlos al legal representante de la misma Augusta Familia.
Para el cumplimiento de tal propósito, envió emisarios a las ciudades americanas, reclamando su derecho a ser reina regente de los territorios americanos en ausencia de su hermano o padre. Entre sus promesas, si alcanzaba el poder, ofrecía la defensa del orden juntista, la lucha contra la amenaza de una oleada revolucionaria, la garantía de la unidad monárquica e imperial y el rechazo a la federalización. La propuesta de la infanta Carlota tuvo respuesta principalmente en Buenos Aires, donde un grupo de notables, entre los que destacaron Juan José Castelli, Luis Beruti, Hipólito Vieytes, Nicolás Rodríguez Peña y Manuel Belgrano, elaboraron una Memoria, respaldando este propósito. Ante esto, en noviembre, intentó viajar a esta ciudad, pero no tuvo éxito porque los oficiales españoles —al mando de la nave en la que pretendía viajar— se lo impidieron.
Las autoridades principales de los reinos españoles en América decidieron posteriormente jurar fidelidad a la Junta Central Suprema y Gubernativa, dejando de lado las aspiraciones de Carlota en América. Luego, hacia 1812, apareció una posible vía para que Carlota intente nuevamente concretar sus pretensiones, ya que la Constitución de Cádiz dejó sin efecto la ley sálica de 1713, que excluía a las mujeres del derecho de sucesión. Sin embargo, sus pretensiones tampoco prosperaron porque la formación de las juntas combatió al rey José I, rechazando a los franceses; el desarrollo de una exaltación patriótica española; el desprestigio de las principales magistraturas que aceptaron las abdicaciones de los reyes; y, sobre todo, la formación de la Junta Central Suprema y Gubernativa, que buscó unificar el depósito de la soberanía del rey ausente, dando lugar más adelante a la convocatoria a las cortes y la Constitución de Cádiz. Todo esto, al parecer, no permitió las pretensiones de la infanta. Además, en 1814, Fernando VII recuperó la soberanía resguarda precisamente por estas juntas y cortes.
Las noticias sobre la crisis de la monarquía hispánica, desde el motín de Aranjuez y las abdicaciones de Bayona en adelante, llegaron a Lima tres a cuatro meses después de ocurridos. Al respecto, el virrey José Fernando de Abascal y Sousa mencionó que su ingreso fue bajo situaciones “confusas, inexactas y equivocas”. De manera inevitable, los súbditos de América debían tomar cuenta de estos hechos, que fueron comunicados por medio de impresos, como el diario oficial Minerva Peruana, que se encargó de difundir las noticias provenientes de Europa, en especial de España, llegándose a conocer, a fines de agosto de 1808, sin grandes detalles, acerca de la coronación de Fernando VII y su posterior viaje a Francia. Este fue asumido como un desplazamiento para recibir las felicitaciones del emperador francés.
Por otro lado, en los primeros días de octubre, llegaron a Lima noticias provenientes de Chile y Buenos Aires, en las que se detallaba la situación de los levantamientos producidos en Madrid, el 2 de mayo, y la confirmación de las abdicaciones de los reyes españoles en Bayona. Al conocer esto, el virrey Abascal dispuso que estas noticias fueran inmediatamente divulgadas mediante Minerva Peruana, lo cual se hizo efectivo el 31 de octubre. Tras producirse los hechos de Bayona, el virrey Abascal tuvo dos situaciones. La primera propuesta, efectuada por el brigadier Manuel Goyeneche —que había arribado desde Buenos Aires—, solicitaba el reconocimiento de la Junta de Sevilla como la encargada de cuidar la soberanía del rey ausente en España. La segunda, de parte del gobierno de Madrid, que se encontraba bajo el mando del general Murat, exigía a los reinos de América que juraran fidelidad a José Bonaparte.
Abascal decidió reconocer la Junta de Sevilla, inclinándose de esta manera a favor del “rey cautivo”, decisión que tuvo también la influencia del cabildo de Lima, que, enterado de las noticias de Bayona, solicitó anticipar la fecha del juramento, que estuvo programada originalmente para el 1 de diciembre. Fue adelantada en consideración de la petición del cabildo, tras reunirse con el arzobispo de Lima, regentes, oidores y fiscales de la audiencia, y alcaldes, entre otras autoridades, quienes acordaron fijar el acto para el 13 de octubre, un día antes del cumpleaños del rey. Para la realización del juramento, el virrey dispuso que se invitase a los tribunales, corporaciones y pueblo de Lima, ordenando que se anunciara la noticia por toda la ciudad. Se solicitó que la ceremonia se realizase con total austeridad, sea estrictamente religiosa y se prohíba toda celebración lúdica.
Este juramento en Lima se replicó en otras ciudades. La noche previa a la ceremonia, la ciudad fue iluminada y adornada con motivos referidos a Fernando VII. De esta forma, en las galerías del cabildo se colocó el retrato del rey; en cafés, templos y otras paredes, se colgó carteles con la expresión “Tenemos rey, queremos jurarlo. Juramos a nuestro rey y señor Fernando VII”; entre otros actos festivos tradicionales. Llegado el día 13, la ceremonia comenzó por la tarde, con la salida del virrey del palacio, quien portaba el real pendón, junto a los cuerpos del cabildo, la Real Audiencia y jefes de guarnición. Luego pasearon por las calles que cercaban el palacio. Frente a la galería, realizaron el juramento a Fernando VII.
Cabe señalar que, antes de Lima, Huamanga fue el primer lugar del virreinato en jurar fidelidad públicamente a Fernando VII, el 2 de octubre. El acto no fue autorizado por el virrey; Huamanga se enteraron antes de lo sucedido en Bayona, debido a que el correo con las noticias procedentes de Buenos Aires con destino a Lima se había detenido unos días en la aquella ciudad. El acto fue promovido por el cabildo de la ciudad, el intendente, la milicia, y autoridades civiles y religiosas. En otras capitales de las intendencias las ceremonias se realizaron después de que se efectuara en Lima. En Cusco, se llevó a cabo el 16 de octubre; en Arequipa, el 3 de noviembre; en Tarma, el 18 de noviembre; en Piura y Jauja, el 10 y 21 de noviembre, respectivamente; mientras que en Trujillo, Huancavelica y Puno no se tienen fechas exactas de las ceremonias de juramento. De tal modo, se fue instalando este momento importante para la formación de nuestro futuro gobierno sin España ni rey.
Para financiar la guerra de independencia española se requería de recursos económicos. Estos fueron solicitados en todos los reinos para la defensa de la soberanía española y como expresión de lealtad al soberano Fernando VII. Bajo esta consigna, la información fue llegando de diferentes maneras, mediante noticias oficiales y rumores, tomando diversas posiciones los diversos grupos sociales. Una declaración de Nueva España señaló lo siguiente:
… morir primero que consentir sujetarnos ni a los franceses ni a otra alguna potestad, que no dimane del señor D. Fernando VII por quien estamos prontos a sacrificar nuestros cortos bienes y nuestras propias vidas, de modo que un mil quinientos indios de que se compone este pueblo ofrecen todos sus personas para todo aquello en que se juzgue puedan servir y en caso preciso ni las mujeres, míos viejos ni los niños se excusarán de servir en lo que les sea posible.
Como se advierte, hay una proclividad para apoyar los donativos para la guerra en los diversos territorios. En el caso del Perú, el virrey Abascal, entre octubre y noviembre, solicitó tanto a los súbditos del virreinato como a las corporaciones —tribunales del Consulado, del Santo Oficio y de Minería—, mediante proclamas, la manifestación del amor al rey a través de donativos. Esto se acrecentó tras la divulgación de la declaratoria de guerra a los franceses; la élite y la plebe obedecieron, apareciendo en la lista de impresos, como la Minerva Peruana, cuyo primer nombre fue el del virrey Abascal, quien donó diez mil pesos, según la publicación del 28 de octubre de 1808.
Además, otra forma de combatir fue mediante la amplia circulación de panfletos, escritos y propaganda antifrancesa; caricaturas en las que se ridiculizaba a Napoleón y a José I, bajo el apodo de Pepe Botella; los diálogos informales en los cafés, salones y casas sobre los hermanos Bonaparte; entre otros espacios públicos y privados. En el caso del virreinato de Nueva España, se produjo la convocatoria a un certamen literario con la intención de celebrar al rey Fernando VII, prometiendo “magníficos” premios a aquellos que lograsen demostrar los sentimientos de fidelidad de la “sabiduría mexicana”.
En el caso del Perú, la Minerva Peruana, en tanto diario oficial, hizo de los rumores noticias que gozaron del agrado de sus lectores, sobre todo, después de producirse la invasión francesa. Por ejemplo, hasta octubre se creía que la entronización de Fernando VII estaba apoyada por Napoleón, cuando la realidad es que se había producido la incursión del ejército de Francia. Ante esto apareció una postura política antinapoleónica, que el virrey Abascal alentó, utilizando este periódico para sostener el fidelismo en Lima. A la letra:
En diciembre de 1808, junto con el arribo de una fragata procedente de Valparaíso llegó el rumor de que todo el ejército francés había sido derrotado. En Lima, a la orden de repique general e iluminación de los edificios públicos, siguió una edición extraordinaria de la Minerva Peruana totalmente dedicada a resaltar el triunfo y “las glorias de la metrópoli”.
Sin embargo, la realidad era otra: Sevilla había sido invadida. De esta manera, la propaganda política antinapoleónica estaba envuelta por rumores, por lo que los lectores la Minerva Peruana empezaron a tomar cuenta de que no era un medio serio, desconfiando de este. Además, se utilizaron los cafés, por lo que, en todas sus puertas, el 13 de octubre de 1808, día que se proclamó la fidelidad a Fernando VII en Lima, se colocaron carteles con el siguiente escrito: “Tenemos rey, queremos jurarlo. Juramos a nuestro rey y señor Fernando VII”. Además, con el permiso del virrey Abascal, se buscó convertirlos en espacios públicos para la lectura y discusión política fidelista.
Por otro lado, el teatro fue autorizado para desarrollarse de forma similar a los cafés, buscando difundir la propaganda pro defensa de la soberanía española. Todo esto se completó con el auge de las imprentas, que fueron autorizadas a reeditar las obras políticas escritas en la metrópoli de contenido antinapoleónico. En Lima se leyó El patriota peruano expresándose por todos y los Sentimientos de un americano, así como el folleto Viva Fernando VII, entre otras. De este modo, “hacia 1808, Lima vivió una explosión de impresos políticos al circular 25 obras de carácter político fidelista, que casi igualaban la publicación de textos religiosos del mismo año”, una forma de escribir nunca vista en estas tierras.
Los antiguos enemigos España e Inglaterra firman la paz y, al mismo tiempo, una alianza contra Francia. En la península, los españoles, ayudados por los ingleses, enfrentan a las tropas invasoras francesas, la Grande Armée, con resultados negativos en la Coruña y Zaragoza, y positivos en Valencia y Galicia. El impacto de la guerra y la ausencia del rey genera inestabilidad política en algunas regiones de América, como Río de la Plata, Quito, el Alto Perú, donde se platea la formación de juntas de gobierno, al igual que en la península. Se llevan a cabo elecciones en América para elegir representantes para la Junta Central Suprema y Gubernativa.
En 1800, las relaciones entre los países eran muy distintas. El rey Carlos IV reafirmó la alianza franco-española, al suscribir el Segundo Tratado de San Ildefonso, con el cual se perseguía acabar con el poderío británico. La consecuencia de los acuerdos de San Ildefonso se reveló en 1801, cuando la monarquía española entró en guerra con la portuguesa. Esta era aliada de Gran Bretaña, en la llamada Guerra de las Naranjas, pues los portugueses se negaron a cerrar sus puertos al comercio británico. España, para ese entonces, se hallaba en guerra contra Gran Bretaña, convirtiéndose en aliada de la Francia de Napoleón. Sin embargo, esto cambio con la ocupación francesa y las abdicaciones de Bayona en 1808. El pueblo español, organizado por medio de las juntas de gobierno, organizaron la guerra de independencia contra los franceses.
Luego se produjo la instalación de la Junta Central Suprema y Gubernativa, en setiembre de 1808, en Aranjuez, la cual fijó como uno de sus objetivos principales poner fin a la guerra con los británicos y entablar una alianza militar para derrotar a la Francia napoleónica. La paz entre España y el Reino Unido se logró, mediante el “Tratado definitivo de paz, amistad y alianza entre S.M. el Rey de España y de las Indias D. Fernando VII y en su real nombre la Suprema Junta Central Gubernativa… y S.M. el Rey del Reyno Unido de la Gran Bretaña e Irlanda: concluido y firmado en Londres en 14 de enero de 1809”, siendo Juan Ruiz de Apodaca, ministro plenipotenciario ante el Imperio británico, el encargado de llevarlo a cabo. Este tratado se compuso de cinco artículos y dos artículos separados.
El primero de ellos define la alianza durante la guerra contra Francia, así como el término de las discrepancias entre hispanos y británicos. El segundo artículo abordó la reposición de los buques y otras propiedades que fueron apresadas desde 1804. En cuanto al tercer artículo, se le exigió a España no ceder a Francia ningún territorio o posesión. El cuarto artículo abordó que la paz con Francia se haría de común consentimiento entre España y Gran Bretaña. El último artículo planteó la ratificación del tratado en Londres, fijado para una fecha posterior (dos meses). En cuanto al primer artículo separado, suscribió la importancia de los puertos españoles, pidiendo la cooperación de Gran Bretaña para que no cayesen en poder de Napoleón. Mientras que el segundo artículo separado propuso un tratado en el que se estipularía la clase y sumas de auxilios de la Corona británica a favor de España.
Con el vacío de poder provocado por la ausencia del rey Fernando VII y la falta de legitimidad de José Bonaparte, los principios del pacto monárquico entraron en crisis no solo en España, sino en todos sus reinos. Ante este momento político, se dio pase a distintas interpretaciones, destacando la idea de que la soberanía retornaba a sus iniciales poseedores: los pueblos. En el caso de Charcas, hubo un debate: ¿los pueblos pueden poseer la soberanía?, y de ser posible, ¿con cuál de las autoridades o cuerpos se podía rearticular el pacto?
Tanto para el virrey desde Buenos Aires como para el presidente en La Plata, el reconocimiento debía hacerse a la Junta de Sevilla, al considerar que esta “ejercía autoridad soberana en representación del monarca ausente, cautivo y suplantado en su trono”. Sin embargo, para los oidores y el fiscal, la Junta Gubernativa de Madrid era la que ejercía el mando supremo, ya que el soberano legítimo la había instalado antes de irse a Bayona. Luego, con las abdicaciones que Napoleón obligó a realizar para su favor a Carlos IV y a Fernando VII, apareció una tercera posición en Charcas que instó a reconocer la regencia de la infanta Carlota Joaquina, única hermana del rey, que quedaba en libertad.
Ante esta situación, lo único claro era la existencia de un vacío de poder, el cual colocaba a “los pueblos como los propietarios de la soberanía”, convirtiéndose esta idea en la base que forjaría el pacto monárquico con el soberano por aquel entonces, fortaleciéndose el concepto de la soberanía popular, un discurso político moderno desarrollado a fines del siglo XVIII. Todo esto permitió que, guiados por la doctrina sustentada por los doctores de Charcas, se estableciera un nuevo gobierno, el 26 de mayo de 1809, apareciendo la Junta de Chuquisaca, que reconoció a la Suprema Junta Central como la representante legítima del rey. Sin embargo, esta decisión no se tomó a partir del mandato del soberano, sino de los mismos habitantes. Así, se establecía la soberanía popular en Charcas.
La noticia de estos hechos llegó a La Paz. En esta ciudad, el 16 de julio, vecinos armados obligaron a sesionar al cabildo y exigieron la renuncia del intendente, el obispo y otros funcionarios, acusándolos de querer entregar el poder a la corte portuguesa, es decir, a la infanta Carlota Joaquina. Bajo estas circunstancias, se instaló una junta a favor del rey Fernando VII, pero sin reconocer otra instancia española. Pedro Domingo Murillo fue elegido presidente y se estableció el denominado Nuevo Plan de Gobierno, apareciendo la Junta Tuitiva de los Derechos del Rey y del Pueblo, mediante la cual se apoyó un gobierno que incorporó a indígenas y nobles entre sus miembros.
De tal manera, esta concurrencia asumió las funciones de gobierno, pero no tardaron en aparecer voces discordantes como las del cabildo de La Paz, que entablaron comunicaciones con José Fernando de Abascal, virrey del Perú, quien envió un ejército, bajo el mando de Manuel Goyeneche, y el 12 de setiembre las autoridades de La Paz declararon la guerra “contra las armas del rey”. La Junta Tuitiva de los Derechos del Rey y del Pueblo llegó a su fin tras las derrotas sufridas en Yungas, en de noviembre. Sus líderes fueron apresados y ejecutados en la horca, entre ellos Murillo, el 29 de enero de 1810. Si bien las juntas de Chuquisaca y de La Paz se mantuvieron fieles al rey Fernando VII, destacaron por utilizar un nuevo lenguaje político, basado en el concepto de la soberanía popular.
En este mismo contexto, en enero de 1809 se llevaron a cabo las elecciones del cabildo de Quito, pero se eligieron a dos americanos como alcaldes, cuando la costumbre era que uno fuese peninsular y el otro americano. La justificación fue que no había ningún europeo calificado. Ante esto los peninsulares protestaron y acusaron a los criollos de conspiración, logrando que el 9 de marzo fueran arrestados seis vecinos quiteños, entre ellos el marqués de Selva Alegre. Si bien fueron liberados, la tensión entre criollos y peninsulares se agravó, sumándose rumores acerca de planes de asesinatos a los criollos nobles.
En tal contexto, las élites decidieron reunirse para protegerse y el 9 de agosto acordaron formar una junta, que fue presidida por el marqués de Selva Alegre. Al obispo José Cuero y Caicedo lo colocaron como vicepresidente, y se agregaron treintaiséis miembros, escogidos entre los vecinos de la élite quiteña. La justificación de su instalación fue marcar el rechazo al enemigo francés y brindar lealtad al rey Fernando VII. En el Manifiesto al pueblo indicaron que los criollos quiteños, a diferencia de los peninsulares, no se rendirían ante Bonaparte, teniendo como consigna:
Juró por el Rey y Señor a Fernando VII, conservar la pura religión de sus padres, defender y procurar la felicidad de la patria, y derramar toda su sangre por tan sagrados y dignos motivos.
Además, se agregó a esta junta una milicia, bajo el mando del capitán Juan Salinas. Esta se encargó de ocupar edificios de gobierno y arrestar a la mayoría de funcionarios, entre ellos al presidente de la audiencia Ruiz de Castilla. Efectuada la destitución de esos poderes, luego pasó a establecer un senado bicameral que reemplazó a la audiencia. Los ministerios de Hacienda, Gracia y Justicia fueron confiados a Manuel Rodríguez de Quiroga, y el de Estado, Guerra y Relaciones Exteriores, a Juan de Dios Morales. Al asumir las funciones de gobierno, realizaron reformas económicas, redujeron impuestos, abolieron deudas, y suprimieron los monopolios de tabaco y aguardiente, entre otras medidas.
Como la mayoría de las juntas, su instalación se hizo bajo juramento de lealtad a Fernando VII y en contra de las malas autoridades peninsulares, es decir, no estaban luchando por una independencia de la monarquía española, pero las represiones enviadas principalmente desde Perú —por encargo del virrey Abascal, para quien todas estas juntas eran conspiradoras— y Nueva Granada se la trajeron abajo, el 4 de diciembre de 1809, tomando como prisioneros a sus dirigentes.
Esta situación de inexperiencia de gobierno representativo generó ambigüedades y confusiones. Estas permitieron que, en algunos territorios americanos, bajo la excusa de defender la soberanía española, se formaran juntas de gobierno integradas principalmente por criollos. Sin embargo, en muchas de estas a la larga se terminarían gestando movimientos independentistas. En el caso del virreinato peruano, principalmente en Lima, el virrey Abascal pudo impedir la formación de estas, ya que él las juzgó como peligrosas para el resguardo de la soberanía española. Sin embargo, este virrey no escapó por completo de sus disposiciones, al estar avaladas por el mismo Fernando VII. Entre mayo y junio de 1809, llegaron a los reinos hispanos en América las noticias de la creación de la Junta Central Suprema y Gubernativa. Estas venían acompañadas por el anuncio de las victorias del ejército español y su aliado británico en Bailén, un triunfo importante sobre Napoleón. Pero lo interesante fue el decreto sobre España y sus territorios americanos:
El rey nuestro Señor Dn. Fernando 7º y en su real nombre la junta Suprema Central Gubernativa del reyno, considerando que los vastos dominios que España posee en las Indias, no son propiamente Colonias, ó Factorías como los de otras naciones, sino una arte esencial é integrante de la monarquía española, y deseando estrechar de un modo indisoluble los sagrados vínculos que unen unos y otros dominios, como asi mismo corresponderá la heroyca lealtad y patriotismo de que acaban de dar tan decisiva prueba á la España en la coyuntura mas crítica que se ha visto hasta ahora nación alguna, se ha servido declarar, teniendo presente la consulta del Consejo de Indias de 21 de noviembre último, que los reynos, provincias, é Islas que forman parte los referidos dominios deben tener representación nacional inmediata a su real persona, y constituir parte de la Junta Central Gubernativa del Reyno por medio de sus correspondientes diputados.
Hacia 1809, la mayor parte de los centros americanos de poder había reconocido la soberanía y legitimidad de la Junta Central Suprema y Gubernativa, pareciéndole interesante el hecho de reconocer que no eran colonias. Por ello, aceptaron la realización de las elecciones, para enviar a un representante por cada uno de los cuatro virreinatos —Río de la Plata, Nueva Granada, Nueva España y Perú— y de las cinco capitanías generales —Chile, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Guatemala y Filipinas—, es decir, se pidió un total nueve delegados, siendo una minoría ante los treintaiséis representantes peninsulares. De cualquier manera, con esto América pasaba a integrarse con igualdad de derechos a una nueva forma de gobierno sin el rey, contradiciendo a las interpretaciones de quienes insistían en que los territorios americanos no tenían derechos políticos.
En marzo de 1809, Lima se enteró de la instalación de la Junta Central Suprema y Gubernativa, por lo que el cabildo de Lima procedió inmediatamente a jurar ante esta nueva instancia de gobierno. Por su parte, el virrey Abascal recibió en junio las instrucciones para la elección del representante peruano para la Junta Central Suprema y Gubernativa, llevándose a cabo el proceso electoral, entre el 22 de junio y el 31 de agosto de 1809, en las siguientes ciudades: Tarma, Huancavelica, Lima, Huamanga, Cusco, Trujillo, Arequipa, Puno, Lambayeque, Huánuco, Chachapoyas, Ica, Piura, Cajamarca, Moquegua, Camaná y Guayaquil. En este proceso de elección, los cabildos tuvieron protagonismo, al ser considerados como los representantes de los reinos, y por ello, debían elegir al diputado y cubrir sus gastos de viaje. El procedimiento fue similar para cada cabildo: elegir una terna de candidatos y, mediante el azar, elegir finalmente uno. El resultado del proceso electoral en los diecisiete cabildos fue el siguiente:
Baquíjano (Cajamarca, Camaná, Chachapoyas, Huamanga y Piura), Goyeneche (Arequipa, Lima y Moquegua), Simón Rávago (Huancavelica y Lambayeque), marqués de Casa Calderón (Tarma), marqués de Herrera y Vallehermoso (Trujillo), Manuel Plácido de Berriozabal (Cusco), Manuel Quimper (Puno), José Silva y Olave (Guayaquil), Bartolomé Bedoya (Huánuco) y Jacinto Calero (Ica).
Al final, las elecciones mostraron la gran influencia de Baquíjano en el territorio peruano porque quedó en la terna de diez cabildos; mientras que el segundo, Simón Rávago, regidor honorario de Lima, se hallaba en la terna de cinco cabildos, y el marqués de Casa Calderón, en cuatro. Con el mismo procedimiento seguido en los cabildos, se realizó en Lima la elección final del diputado, pero el cuerpo elector o de Real Acuerdo, compuesto por “el virrey, el regente, ocho oidores, el fiscal de lo civil y el fiscal del crimen”, de la terna Baquíjano, Goyeneche y Silva y Olave, eligió, por la suerte, a Silva y Olave, quien no llegó a cumplir sus funciones. A pesar de todo, se vivió el principio de elecciones con cierto tinte liberal, con la participación de los cabildos, y la demostración de que en la política la élite limeña sería superior ante las regiones.
La convocatoria a las Cortes de Cádiz fue el inicio de un cambio político que podría llamarse revolucionario porque buscaba cambiar el sistema político del antiguo régimen por otro basado en la libertad individual y en la separación de poderes, aunque todavía monárquico, que reconocía además la representación americana, si bien no proporcional a toda su población. En América, las elecciones para las Cortes de Cádiz se realizaron entre fines de 1810 e inicios de 1811. No participaron las provincias independientes de Río de la Plata, Chile, Venezuela y Nueva Granada, que no reconocieron la autoridad del Consejo de Regencia. Desde el inicio de las sesiones de las Cortes de Cádiz, en setiembre de 1810, se implementaron importantes medidas políticas, como la libertad de imprenta, que, unidas a las elecciones de representantes, politizaron el espacio político tanto en la península como en América.
En el virreinato peruano, Abascal acató las medidas ordenadas desde la península, aunque no estuvo de acuerdo con ellas. En un contexto en el que debía contener rebeliones y juntas de gobierno, las libertades dadas a los criollos, como el de imprenta, podían poner en cuestión su autoridad, más aun la anulación de los tributos le quitaba recursos para la guerra contra las juntas autonomistas del Alto Perú y Chile. Con todo, mantuvo el orden y llevó a cabo una labor de propaganda antinapoleónica mediante la prensa oficialista, sermones públicos e impresos. Cuando la Constitución de Cádiz fue puesta en vigencia en 1812, los cambios políticos liberales fueron mayores.
Abascal, así como otros funcionarios reales, no recibió con agrado la Constitución porque se cuestionaba su rol político y, además, se anunciaba la derogación de cargos. Por ejemplo, todos los cargos de regidores comprados en los cabildos se anulaban y pasaban a ser por elección. La libertad de imprenta amplió la presencia de la prensa política y las elecciones se llevaron a cabo con mayor regularidad, para elegir a los miembros de los cabildos, delegaciones provinciales y representante para las cortes. En Lima, Abascal trató de controlar la situación y hasta cierto punto tuvo éxito. La prensa limeña liberal —pese a que no era radical— tuvo corta duración debido a la censura y persecución puesta por el virrey. En las elecciones, Abascal trató de hacer perder espacio político a los criollos ante los peninsulares. Toda esta actividad se extendió hasta mediados de 1814. Cuando Fernando VII, nuevamente en el poder, anunció la abolición de la Constitución y buscó que la situación política de la monarquía vuelva a 1808.
Línea de tiempo
En España, la Junta Central Suprema y Gubernativa convoca a cortes a todas las ciudades de la monarquía, incluidas las de América. La Junta Central Suprema y Gubernativa se disuelve y se forma el Consejo de Regencia. Los franceses avanzan tomando varias ciudades españolas, como Córdoba y Sevilla, además se inicia el sitio de Cádiz. Las cortes, no obstante, comienzan sesiones y dan sus primeras medidas. Estos cambios políticos no son aceptados en algunas regiones de América, como Río de la Plata, Venezuela o Chile, donde se forman juntas o nacen rebeliones, como la de cura Hidalgo, en Guanajuato. En el Perú y Nueva España, se llevan a cabo elecciones de representantes a las cortes. El virrey Abascal incorpora al virreinato peruano las provincias del Alto Perú.
Como toda crisis, la falta de claridad se hizo muy presente entre personas instruidas y del común. Tovellanos planteaba, por ejemplo, la necesidad de establecer una regencia (la cual, después, debía convocar a las cortes), “puesto que se trataba de la solución más análoga a lo previsto por la ley de Partida”, planteamiento más cercano a la historia de la política propiamente española que la establecida por la Ilustración. Luego de varios debates, el 29 de enero de 1810, se creó el Consejo de Regencia, según real decreto, bajo la presidencia interina del arzobispo de Laodicea, junto a otros miembros de la Junta Central Suprema y Gubernativa.
Acordaron autorizar la celebración de las cortes, disponer la autodisolución de la Junta Central Suprema y Gubernativa, y que todo el poder y autoridad de esta se transfiera para crear el Consejo de Regencia, manteniendo la idea de que todo sería bajo el nombre de Fernando VII; además, cinco miembros iban a actuar como poder ejecutivo hasta que se convocasen las cortes, que acordarían qué tipo de gobierno se establecería. Luego el Consejo de Regencia pasó a ser dirigido por el obispo de Orense, y sus miembros fueron Francisco Castaños, Francisco Saavedra, Miguel de Lardizábal y Uribe, y Antonio Escaño, iniciando sus funciones en la Isla de León.
Entre los alcances pretendidos por el Consejo de Regencia, se estableció que en cuatro años tuvieran cuatro reglamentos de funcionamiento. Así surgió el primero, el de enero de 1810, con la creación del Consejo de Regencia; los otros tres fueron establecidos por las cortes bajo el título “Reglamento provisional del poder ejecutivo del 16 de enero de 1811, el nuevo Reglamento de la Regencia del Reino del 26 de enero de 1812 (desarrollado en el Decreto del 13 de marzo), y uno último que era el nuevo Reglamento de la Regencia del Reino, del 8 de abril de 1813”.
El Consejo de Regencia tuvo casi la misma dinámica que la Junta Central Suprema y Gubernativa: administró las bulas, expidió decretos, instrucciones o reglamentos, propuso leyes, impartió el cumplimiento de la justicia, recaudó rentas, fabricó monedas, firmó tratados de paz, nombró magistrados de todos los tribunales, proveyó empleos a civiles y militares, etc. Por otro lado, el 28 de octubre, el Consejo de Regencia decretó la convocatoria de las Cortes para el 1 de enero y su reunión para marzo de 1810; mientras tanto, “el autonomismo americano, solo leal al monarca cautivo, se activó en Nueva España, el Río de la Plata, Nueva Granada, Caracas, Chile, Charcas y Quito”.
Las noticias provenientes de España tanto sobre la invasión de la península por parte de las tropas francesas como acerca de la ausencia del monarca español generaron en América cuestionamientos al orden político. En la capital del virreinato del Río de la Plata, como había ocurrido en Quito y La Paz, se exigió la convocatoria de una asamblea que definiese la postura que iba a tomar dicha ciudad ante la crisis monárquica. De esta manera, surgieron dos partidos: el español, que proponía mantener al virrey como presidente del gobierno, y el de “de carácter popular”, que planteaba la destitución del virrey y el levantamiento de un gobierno autónomo en nombre del rey Fernando VII. En medio de estos debates, el cabildo de Buenos Aires, el 25 de mayo de 1810, se reunió, pero sin la participación del virrey Baltazar Hidalgo de Cisneros, formándose la Junta Gubernativa Provisional del Río de la Plata, compuesta por el presidente: “Cornelio Saavedra, los seis vocales: Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel Azcuénaga, Manuel Alberti, Domingo Matheu, Juan Larrea; además de los dos secretarios: Juan José Paso y Mariano Moreno”.
Esta concurrencia no obtuvo el respaldo de los cabildos de las provincias del virreinato, surgiendo las campañas militares para resguardar a provincias como Paraguay y Montevideo. En paralelo, la Junta de Buenos Aires tenía propósitos políticos claros, por lo que ordenó la primera expedición auxiliadora al Alto Perú, enfrentándose a las fuerzas realistas enviadas desde el virreinato del Perú por Abascal, tras lograr controlar gran parte de los territorios de la audiencia de Charcas y derrotar a la Junta de La Paz, en 1809. En pleno transcurso de las campañas militares, la Junta Gubernativa Provisional del Río de la Plata sufrió un cisma interno, apareciendo dos facciones: la de Moreno, tildada de jacobina, y la de Saavedra, considerada más moderada. El 18 de diciembre, la causa de Saavedra triunfó, colocando el nombre de la Junta Grande, por lo que Moreno renunció a su cargo, para luego morir de manera dudosa en altamar, hacia 1811. Luego apareció el Primer Triunvirato de las Provincias Unidas del Río de La Plata.
Mientras tanto, en Chile, la situación estaba también sujeta a conflictos entre peninsulares y criollos, ambos fieles al monarca español. Sin embargo, los últimos optaban por un gobierno autónomo, el cual cobró forma, el 18 de setiembre de 1810, cuando el cabildo de Santiago se reunió con casi cuatrocientos vecinos, entre los que destacaba el gobernador Mateo de Toro y Zambrano, quien fue elegido presidente de la Junta Gubernativa y representante del rey. De este modo, la capitanía general de Chile se convirtió en un gobierno autónomo bajo el fidelismo fernandino, dedicándose a la administración del territorio, la realización de reformas económicas, la reorganización de milicias, el fin de la audiencia y el cabildo, buscando establecer su Primer Congreso Nacional, el cual se instaló el 4 de julio de 1811, produciéndose el fin de la Junta Gubernativa. Todo esto se hallaba bajo la lupa del virrey Abascal. Este, desde el Perú, tuvo que lidiar con el espíritu juntista, nada confiable por el liderazgo criollo y la posibilidad de pasar de un discurso de fidelidad monárquica a uno independentista.
El Consejo de Regencia de España e Indias convocó de manera inmediata a Cortes Generales, con representantes de todas las provincias de los dominios españoles. En tal sentido, por el Real Decreto del 14 de febrero de 1810, convocó a las elecciones respectivas donde se debía elegir a un diputado por cada “capital cabeza de partido”. De esta manera, el 24 de setiembre, en la Isla de León, con la asistencia de representantes de España, América y Asia, fue instalada la corte. El obispo de Orenses tomó juramentó a los diputados en nombre del rey Fernando VII y de la nación española. Después, los diputados se reunieron en el Teatro Cómico, donde se inició las cortes generales y extraordinarias, sesionando y debatiendo varias ideas y propuestas. En este punto destacamos el decreto del 10 de noviembre de 1810, que estableció la libertad de imprenta, promovida por liberales motivados por conseguir “el derecho fundamental individual a expresarse, medio para ilustrar a la sociedad, la formación de opinión pública, entre otros”. De este modo, por lo menos teóricamente, se marcaba el fin a la censura de impresos, a excepción de textos de tipo religioso.
En el Perú, el procedimiento de elección fue el mismo al de diputado para la Junta Central: elección de una terna y de esta se elegía al azar al diputado. Una vez elegido, se les daba las instrucciones respectivas del cabildo y de los otros partidos. Los gastos debían ser cubiertos por el cabildo. El 27 de agosto de 1810, por ejemplo, se procedió a la elección del diputado por Lima en las cortes. Los dos primeros puestos correspondían a Agustín Quijano Velarde y Tagle, conde de Torre Velarde, y a Manuel Antonio Noriega. El tercer candidato debía elegirse entre Francisco Salazar y Carrillo, e Ignacio Orué y Mirones. Se procedió de nuevo a votar, obteniendo el primero nueve votos contra seis —Orué no voto—. Elegida la terna, se procedió a poner en un cántaro las cedulillas con sus respectivos nombres y un niño sacó la de Salazar. Los otros representantes de los demás partidos fueron José Navarrete, José Joaquín Olmedo, José Bermúdez, Pedro García Coronel, Juan de Andueza, Mariano Rivero, Tadeo de Gárate, Domingo Alcaraz y Mariano Rodríguez de Olmedo.
En la península, se eligieron cinco representantes del Perú, entre los peruanos que allí residían: Ramón Olaguer Feliú, Blas Ostolaza, Antonio Zuazo, Dionisio Inca Yupanqui, y Vicente Morales y Duárez.
Las fuerzas portuguesas e inglesas dirigidas por el duque de Wellington logran expulsar a los franceses de Portugal e incursiona en territorio español. Las cortes españolas decretan la abolición del régimen señorial. En América, los enfrentamientos políticos y militares se expanden y se establecen instituciones autónomas de la metrópoli como la Provincias Unidas de Venezuela —en la que se establece una constitución— y la Federación de las Provincias Unidas de Nueva Granada. En Chile, se convoca a un Congreso Nacional y la Junta de Buenos Aires envía tropas para tomar control del territorio del virreinato de Río de la Plata. En Nueva España, el cura Hidalgo es capturado y ejecutado, pero José María Morelos continúa con la rebelión.
En Lima, el decreto de libertad de imprenta fue publicado en la Gaceta del Gobierno, el jueves 18 de abril de 1811, agregando la información de quienes formarían parte de la junta de censura. La noticia generó varias reacciones, destacando como representante de la oposición el virrey Abascal, quien desde junio de 1810 más bien había decretado la censura de noticias sobre la formación de las juntas de Gobierno de La Paz y de Buenos Aires. El virrey combatió estas asambleas, a las que consideraba focos de conspiración, a pesar de que juraban en nombre del rey Fernando VII. Por esta razón, buscó impedir que la corriente autonomista se difundiese por el virreinato del Perú. A pesar de su oposición, Abascal no pudo obstaculizar la aplicación del decreto, pues las cortes gozaban de la autorización del rey. Como se lee:
Por último, ordenan las Cortes: que se circule este decreto a todos los curas párrocos en todos los puntos de América y Asia, para que después de leído tres días consecutivos en la misa parroquial, le trasladen a cada uno de los cabildos de los indios, y conste por este medio a aquellos dignos súbditos el desvelo y solicitud paternal con que la nación entera, representada por las Cortes generales y extraordinarias, se ocupa en la felicidad de todos y cada uno de ellos […] Dado en la Real Isla de León a 5 de enero de 1811. Al consejo de Regencia.
Así, leyéndose en la misa por tres días y por medio del apoyo de los cabildos, se trató de asegurar que todos los súbditos, ágrafos y no, por ejemplo, los indígenas, se enterasen de las nuevas leyes que regían para esta época. Recurriendo a la lectura en voz alta, los curas fueron principalmente los encargados de dicha tarea, que cumplieron según los intereses de sus párrocos. Quizá los que apoyaban las reformas liberales lo hicieron con mayor énfasis, mientras que los opositores buscaron mellar la divulgación. Con el decreto de libertad de imprenta aparecieron publicaciones como El Peruano, El Satélite del Peruano y El Peruano Liberal, que criticaron al gobierno y sus arbitrariedades. En general, el decreto de libertad de imprenta fue asumido por el virrey como una traba para gobernar. Desde su lógica: “los periódicos solo debían servir para incentivar la obediencia a las autoridades”. De hecho, en los años siguientes, llevó a cabo diversas argucias legales para controlar a la prensa.
Antes de la disposición de libertad de imprenta de noviembre de 1810 decretada por las cortes generales y extraordinarias, en la capital del virreinato peruano circuló clandestinamente el Diario Secreto de Lima, cuyo autor fue el abogado neogranadino Fernando López Aldana, que apoyaba los hechos defendidos en el virreinato del Río de la Plata y, por ende, era opositor a la autoridad del virrey Abascal. Más adelante se convirtió en agente secreto de San Martín. Además, sus escritos fueron difundidos en las páginas de la Gaceta de Buenos Aires, entre mayo y junio de 1811, pero se apuntó a que llegasen al Cusco y Arequipa, teniendo en cuenta a la élite y a la plebe para que accediesen a su información.
La base de sus escritos recogió la idea de “que no era la Regencia sino el pueblo en cabildo abierto el que debía asumir la soberanía en nombre del monarca”. Aldana llegó a señalar que los responsables de la invasión eran los últimos Borbones. Además, escribió sobre la ilegitimidad de la Junta de Sevilla, la Junta Central y la Regencia, al haber asumido la soberanía “sin consultar al pueblo”. Ahora bien, con el decreto de la libertad de imprenta, se estableció que los periódicos no requerían de licencia para operar, aboliendo los respectivos juzgados. Sin embargo, las juntas de Censura filtraban la información, denunciando a las consideradas como conspiradoras. El virrey Abascal, como era de esperarse, no estuvo de acuerdo con la impresión de El Diario Secreto de Lima.
Otro periódico que tuvo una enorme importancia fue El Peruano, publicado gracias al decreto de libertad de imprenta, el 6 de setiembre de 1811. Su editor fue Guillermo del Río, y su redactor, Gaspar Rico, un español oficial del batallón de la Concordia de Lima. Sus artículos políticos se redactaron desde un “liberalismo cauto”, es decir, no pro independencia, pero sí denunciaban el abuso de poder del virrey, por lo que la junta de censura le aplicó tres procesos. Por otro lado, omitió los procesos autonomistas que provenían de La Paz, Santiago de Chile y Buenos Aires. Lo mismo ocurrió con las conspiraciones de Tacna (junio de 1811) y Huánuco (febrero de 1812), que no fueron comentadas en sus páginas. Al igual que con El Diario Secreto de Lima, el virrey Abascal consideró que estas publicaciones atentaban contra la autoridad, disgustándole las simpatías de tales impresos por la propuesta de los liberales gaditanos.
En Cádiz, se tomó conocimiento del texto de la Constitución liberal de Bayona (visto como proyecto), alentado por Napoleón para ganarse a la población. El contexto bélico, aunque teniendo en cuenta dicho antecedente jurídico, hizo que las cortes optaran por una propuesta liberal, en contraposición con algunos miembros del Consejo de Regencia. A la letra: “si las Cortes se inclinaban por tendencias no liberales, el proyecto de Constitución de Bayona se atraería al pueblo, que estaba luchando precisamente contra el ‘rey intruso’ José I, y la causa del gobierno de Cádiz quedaría anulada”. De esta manera, las cortes gaditanas acordaron:
[…]: El decreto dice: todos los naturales y originarios de América (se entiende españoles, indios y sus hijos) tienen igualdad en derechos con los naturales y originarios de España europea.
EL Sr. ANER: Según los informes que tengo, el haber propuesto á V.M. que en lo sucesivo no sean considerados los indios como menores, […] No hay motivo para que los indios no sean oídos y juzgados en las Audiencias como los demás españoles, pues todos somos iguales, y mucho mas en atención a que V.M. quiere darles representación en las Córtes futuras, y esta no la podrían tener si se considerasen todavía como menores […]
Además, se decretó la igualdad de representación de los americanos y peninsulares en las cortes como diputados. Al analizar los escritos de la época sobre la igualdad de derechos, de manera teórica se abolía la separación entre la república de indios y la república de españoles. A partir de entonces, indígenas, criollos, españoles y mestizos eran españoles. La medida trajo diversas consecuencias, sobre todo para el estamento indígena, destacando la posibilidad no solo de elegir, sino de ser elegidos autoridades para toda la nación, y la abolición del tributo y de la mita. Esto generó diversas reacciones a favor entre los indígenas y criollos.
Bajo esta lógica, Dionisio Inca Yupanqui, un indígena que vivía en España, fue puesto como diputado suplente en las cortes, es decir, un representante de América, como los criollos. Sin estos decretos hubiera sido imposible que un indígena trasgrediese como autoridad más allá de su estamento. Pero los negros fueron relegados de esta condición por su filiación a la esclavitud, y por ser de origen africano, es decir, no propiamente de los reinos españoles. Sobre la exclusión de los negros también se pronunció Dionisio Inca Yupanqui en uno de sus discursos más largos que presentó en la sesión del 31 de agosto de 1811. A la letra:
El Sr. Inca: […] La América, no haciendo más que demandas o proposiciones justas, no necesita de tan pequeño apoyo para conseguirlas; pero sí necesita que quantos pueblan su territorio sean considerados con igualdad: el descendiente de africanos, que nace allí, se forma de aquella tierra, la ama, y la mira como a su patria.
Sin embargo, la propuesta que se contraponía a esta opinión se impuso. Esta argumentación la podemos leer en las declaraciones de otro de los diputados americanos peruanos, Morales Duárez. A la letra:
El Sr. D. Vicente Morales, Diputado del Perú, propuso que en el decreto se suprimiesen todas aquellas palabras que se dirijan a igualar a las castas pardas con los demás súbditos en América, reconociendo este Diputado los graves inconvenientes que una igualdad de esta naturaleza tendría, señaladamente en el Perú.
Por último, en América hispana se inició un proceso de elecciones de diputados complejo y largo para la rapidez requerida por los tiempos convulsos. En este sentido, la Iglesia tuvo un papel importante, al lado de los cabildos y las facilidades de las autoridades peninsulares, que, como sabemos en el caso de Abascal, resultaron complejas. En medio de esta situación y por temas de la demora que implicaba la llegada a España de estos diputados tras su elección, se decidió colocar a los denominados diputados suplentes (americanos que residían en Europa), en lo que tardaban en tomar sus puestos los titulares. Bajo esta figura, los representantes del virreinato peruano fueron el clérigo Blas Ostolaza, Vicente Morales Duárez (quien se convirtió en presidente de las cortes), Antonio Suazo, Dionisio Inca Yupanqui y Ramón Olaguer Feliú. De este modo, antes de la llegada de las Repúblicas, se iniciaban experiencias electorales y la idea de la igualdad entre varones.
En las Cortes de Cádiz se promulga la primera Constitución de la monarquía española. Con Wellington, designado comandante en jefe del ejército español, las fuerzas militares españolas recuperan varias ciudades, entre ellas Madrid, pero por poco tiempo porque los franceses realizan una contraofensiva que les permite recuperar la metrópoli. No obstante, en el frente ruso, Napoleón es totalmente derrotado. En América, hay una contraofensiva realista que retoma Venezuela y Quito, además de derrotar a la primera expedición auxiliadora al Alto Perú enviada por el Primer Triunvirato de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Mientras tanto, hay una guerra civil en Nueva Granada entre centralistas y federalistas, y en Chile se promulga el primer reglamento constitucional.
José Baquíjano y Carrillo fue un importante intelectual limeño, promotor de las ideas ilustradas en América, evidenciado en su famoso Elogio del excelentísimo señor don Agustín de Jáuregui (1781) y en su participación en la fundación de la Sociedad de Amantes del País (1790). En febrero de 1812, el Consejo de Regencia decretó nombrarlo consejero de Estado, con la renta anual de ciento veinte mil reales. Ante esta denominación, el cabildo de Lima decidió realizar las celebraciones entre el 4 y el 6 de julio de ese mismo año, que se extendieron a otras ciudades, entre ellas Arequipa, siguiendo las costumbres españolas. Las casas limeñas se adornaron e iluminaron, colocaron mensajes alusivos a Baquíjano, en las calles tocaban orquestas de música y hubo fuegos artificiales. Baquíjano recibió a todos los grupos sociales de la ciudad (criollos, esclavos, castas) que se acercaron a saludarlo y presentarle su respeto. La última noche, el cabildo le brindó un baile, en el que estuvo presente el virrey y la nobleza limeña. El pueblo participaba también festejando en medio de la plaza. En la descripción de las fiestas hechas por José Antonio Miralla, se resaltó la figura paternal de Baquíjano hacia todos los grupos de la ciudad, sobre todo ante los más desvalidos.
Como en toda fiesta de este tipo, no faltaron las piezas literarias que alababan tanto al festejado como a la ciudad donde nació:
Quien de Mercurio alcanzára
Elocuencia peregrina?
Quien su facundia divina
En esta ocasion gozára?
Señor, en universal
Por el Orbe literal
Con sonóra voz cadente,
Que es superior vuestra mente
Sobre todo hombre mortal
Venid, pueblos, venid en este día,
Egypto, Atenas, Roma la altanera,
Vereis que el bronce ni la piedra fría
no son con los que Lima hacer espera
Del hijo que hoy motiva su alegría
La merecida fama duradera;
Ella la dexara mas permanente
En los sencillos pechos de su gente
Para el virrey Abascal tal designación no fue de su agrado; Baquíjano le resultaba sospechoso por sus tendencias “liberales”, que podían “inquietar el país en circunstancias bien azarosas”. En consecuencia, tomó un conjunto de medidas de precaución durante los días de celebraciones, con el fin de evitar desórdenes que no ocurrieron. Asumiendo su cargo, José Baquíjano y Carrillo se dirigió por Panamá a La Habana y llegó a Cádiz, donde juró el cargo, en 1814, a pocos meses de darse la abolición de la Constitución por el retorno del rey Fernando VII.
Vicente Morales y Duárez, respetado jurista limeño y catedrático en la Universidad de San Marcos, gozaba de experiencia como funcionario real, que había ganado durante los gobiernos de los virreyes Jáuregui, Crox, Gil de Taboada y O’Higgins. Sin embargo, tuvo mayor notoriedad política, entre 1810 y 1812, al ser elegido diputado suplente por Lima en las Cortes de Cádiz. Formó parte de la comisión de Constitución y fue vicepresidente de las Cortes de Cádiz, pero su principal logro se produjo el 24 de marzo de 1812, al ser designado presidente, considerando la ausencia del rey. Durante su paso por las Cortes de Cádiz, promovió mejoras para los indígenas, aunque se opuso a la consideración de la población afro, esclavos y libertos bajo las categorías de igualdad y ciudadanía. Su principal defensa fue el reconocimiento de la igualdad de derechos entre América y España, como lo declaró en su discurso del 11 de enero de 1812:
Debe hacerse alto en estas palabras incorporadas y unidas para entender que las provincias de América no han sido, ni son esclavas o vasallas de las provincias de España, han sido y son como unas provincias de Castilla con sus mismos fueros y honores.
Lamentablemente, Vicente Morales y Duárez, el 2 de abril de 1812, falleció a pocos días de asumir la presidencia de las Cortes de Cádiz. Sus exequias se realizaron en la iglesia del Carmen, siendo acompañado por los infantes de Castilla, y funcionarios del Consejo de Regencia y el cuerpo diplomático, entre otras personalidades destacadas. Fue enterrado en el Cementerio Civil de Cádiz. La noticia llegó a Lima, brindando las ceremonias correspondientes, el 7 de noviembre de 1812, a la que concurrieron el virrey Abascal, entre otros funcionarios. Además, en su honor, en el Real Convictorio de San Carlos, donde estaban los retratos de los presidentes de las Cortes de Cádiz, se insertó en su honor las siguientes octavas:
Morales: á la más excelsa cima
Del mérito, virtud y honor subiste.
Vivir mas no te diera más estima,
Y no teniendo ya qué ser, moriste.
Se aflige en ti; pero se goza en Lima,
Pues con la vida al sepulcro descendiste:
Tu nombre vive, vive tu memoria,
Dando á ti y á tu patria nueva gloria.
Entre 1811 y1814, surgieron en Lima cerca de veinte periódicos, gracias a la libertad de imprenta dada por las Cortes de Cádiz. En 1812, destacan El Satélite del Peruano y El Verdadero Peruano. En el caso del primero, apareció el 21 de febrero de 1812, con un total de cuatro números hasta el 30 de junio del mismo año, siendo editado por Guillermo del Río, quien también estaba a cargo de El Peruano (“y es que El Satélite del Peruano nació para completar a este periódico”, por lo que tuvo igual una línea moderada), apoyado por “una sociedad filantrópica” secreta. Entre sus redactores destacaron Manuel Villalta, Manuel Salazar y Baquíjano, Fernando López Aldana, y Diego Cisneros, entre otros, los cuales eran aristócratas liberales, aunque sin un planteamiento de independencia, pero con la firme convicción de defender ideas como la siguiente: “hablar e instruir a todos… el más ínfimo de nuestros conciudadanos, el pobre artesano, el indio infeliz, el triste negro, el pardo, el ignorante”. En varios de sus textos denunciaron el incumplimiento de la libertad de imprenta y otros decretos de las Cortes de Cádiz, y criticaron los abusos de las autoridades del virreinato y de la junta de censura; sin embargo, fueron fieles al rey Fernando VII, postura que no hizo que Abascal dejase de considerarlos subversivos.
El virrey, preocupado por esta guerra de propaganda liberal conspirativa, el 22 de setiembre del 1812 contratacó a El Peruano y El Satélite…, mediante la publicación de El Verdadero Peruano, tres meses después de prohibirse la circulación de estos periódicos, logrando aparecer en veintiocho números hasta el 31 de marzo de 1813. Su director fue el presbítero Tomás Flores, y sus redactores fueron invitados por el virrey: José Pezet, Hipólito Unanue y José Manuel Valdez, entre otros. Sobre este impreso se puede decir: “Tuvo una clara tendencia servil al llamar a la sumisión de América, postuló una educación desigual, y se mostró incluso hostil e intimidante con los liberales pues consideraba que estos —y su pensamiento— inducían al caos; como consecuencia, estos prefirieron callar ante las advertencias del periódico del virrey, que, al igual que el Mercurio Peruano, tenía su protección”. El Verdadero Peruano nunca cuestionó las decisiones de Abascal o de cualquier otra autoridad peninsular. Muchos limeños confiaban en este periódico porque era la versión oficial de lo que venía aconteciendo en medio de una época llena de incertidumbres. Se publicó hasta el 26 de agosto de 1813 —a pesar de la significativa demanda que tenía— por falta de medios económicos para sostenerlo, lo que da cuenta de la crisis de la época.
Las Cortes de Cádiz se instalaron en setiembre de 1810 y desde sus primeras sesiones se dieron pie a arduos debates respecto al contenido que tendría la futura constitución. En agosto de 1811 se habían trabajado cuatro títulos del proyecto y continuaron debatiendo hasta marzo de 1812. El diputado liberal Antonio Oliveros, el 9 de diciembre de 1810, propuso a las Cortes de Cádiz el nombramiento de una comisión encargada de redactar un proyecto de constitución política de la monarquía, que tuviese presentes los trabajos preparados por la Junta Central. Se aprobó la propuesta de Oliveros y el 23 de diciembre se llevó a cabo su instalación. De esta manera, la comisión se compuso de quince miembros.
Cinco eran realistas: Francisco Gutiérrez de la Huerta, Juan Pablo Valiente, Francisco Rodríguez de la Bárcena, Alonso Cañedo Vigil y Pedro María Rich; cinco eran americanos: el chileno Joaquín Fernández de Leyva, el peruano Vicente Morales Duárez, los mexicanos Antonio Joaquín Pérez y Mariano Mendiola Velarde, y el cubano Andrés Jáuregui (Mendiola y Jáuregui fueron nombrados el 12 de marzo, por considerarse que hasta entonces la representación americana era demasiado exigua); cinco eran destacados liberales: Diego Muñoz Torrero, Antonio Oliveros, Agustín Argüelles, José Espiga y Evaristo Pérez de Castro.
El 18 de marzo de 1812, se aprobó el contenido final de la Constitución de Cádiz, destacando la ratificación de la igualdad entre España y América; el otorgamiento de la ciudadanía a peninsulares, criollos, indígenas y mestizos; así como que la soberanía le pertenecía a las Cortes de Cádiz, instalándose un gobierno representativo y de perfil liberal, aunque en nombre de Fernando VII. El 19 de marzo, día de San José —por lo cual se le nombró popularmente “La Pepa” a esta constitución—, se juró. La Constitución tuvo trescientos ochentaicuatro artículos, en materia de soberanía, gobierno, justicia, división de poderes, etc.
Esta Carta Magna llegó al virreinato peruano en setiembre. Desde la capital peruana, el virrey Abascal realizó los preparativos para que fuera jurada en octubre, declarando feriados del 2 al 6, y llevándose a cabo la ceremonia central de juramento el 3, al que asistieron el virrey, así como miembros de la Audiencia y demás tribunales. El acto se repitió en otras ciudades, como Jauja (24 de diciembre de 1812), Trujillo (entre el 5 y 6 de diciembre de 1812) y en Huancayo (1 de enero de 1813). De este modo, los decretos de las Cortes de Cádiz estaban legitimados por la Constitución, modelo por excelencia de las futuras cartas magnas de la República peruana decimonónica y de la América hispana.
Las Cortes de Cádiz ordenaron, mediante el decreto del 23 de mayo de 1812, que los ciudadanos de la nación española se organizaran en torno a los ayuntamientos constitucionales, con el fin de hacerse cargo de la gestión local. Además, se estableció un sistema electoral indirecto: las elecciones se llevarían a cabo cada diciembre, participarían los ciudadanos o vecinos de las parroquias, es decir, españoles, indígenas, mestizos y castas que contaran con veintiún años y una profesión u oficio. De esta manera, las Cortes de Cádiz establecieron el sufragio casi universal masculino, ya que solo aquel que se le probaba sangre africana estaba excluido. Una vez que llegaron estas disposiciones al virreinato del Perú, el criterio de separación entre indígenas y criollos se mantuvo, en beneficio de los segundos, gracias a las negociaciones que estos establecieron previamente con los primeros. Las elecciones fueron indirectas: cada doscientos vecinos debían elegir un elector parroquial que tenía el encargo de elegir a los alcaldes, regidores y síndicos. Los indígenas participaron sobre todo en la primera etapa; los criollos en la primera y segunda porque, para ser elector, debían cumplirse ciertos requisitos de edad, vecindad, etc. Por otro lado, el papel que jugó la iglesia en los comicios fue clave, ya que se encargó de armar las listas de empadronamiento de los ciudadanos que iban a participar en el proceso electoral.
En cuanto a la elección de diputados para las cortes, se instituyeron dos instrucciones, las cuales establecen la organización y división administrativa de cuarentaiocho provincias —treintaitrés de la península y quince de ultramar—, en las cuales se escogerían los diputados mediante el porcentaje de un diputado por cada setenta mil habitantes. Por ello, durante la etapa de los debates, los criollos buscaron el otorgamiento de la ciudadanía a los indígenas, no por su inclusión, sino porque con esta aprobación se daba la posibilidad de ocupar mayores asientos de diputados en las cortes. No lo consiguieron. Con todo, ello significó un problema porque la representación política de los americanos no fue proporcional, es decir, estaban subrepresentados.
Respecto a las diputaciones provinciales, estas fueron creadas como una instancia de gobierno por la Constitución de 1812, situándose entre las cortes generales y los ayuntamientos constitucionales, bajo la lógica de tener un rasgo de gobierno regional. Así, las cortes pretendían que las acciones del poder ejecutivo se sentaran en el gobierno de las provincias, para “promover la prosperidad de la provincia a través del repartimiento de las contribuciones a los pueblos, promover la educación, fomentar la industria, el comercio y la agricultura, denunciar faltas a la constitución, etc.”. Las diputaciones provinciales estuvieron compuestas por el jefe político superior (designado por el rey), el intendente y siete diputados elegidos por voto popular. Sus comicios debían coincidir con la elección de diputados a cortes. Finalmente, las diputaciones provinciales y para las Cortes constituyeron una innovación, a diferencia de los ayuntamientos, cuya práctica existía, aunque el plus de todas fue su calidad de representaciones políticas modernas para todo el reino y sin división estamental, por lo menos en el discurso.
En España se produce una nueva ofensiva contra las tropas francesas. José I sale de Madrid y, tras perder la batalla de Vitoria, regresa a Francia. Napoleón se ve obligado a realizar negociaciones de paz que llevan a la firma del Tratado de Valençay, que restituye la corona a Fernando VII. En América, Bolívar, con ayuda de Nueva Granada, consigue restablecer la República en Venezuela. Tras enfrentar las pretensiones del gobierno en Río de la Plata, Paraguay se declara independiente. La segunda expedición auxiliadora al Alto Perú, enviada por el Segundo Triunvirato de las Provincias Unidas del Río de la Plata Río, es derrota por los realistas.
El artículo 12 de la Constitución de Cádiz ordenó: “La Religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el exercicio de qualquier otra”. Sin embargo, la continuación del Tribunal de la Inquisición generó polémica. La mayoría de la comisión —en la que se encontraban Muñoz Torrero (presidente), Argüelles, Espiga, Mendiola, Jáuregui y Oliveros (vicesecretario)— presentó en la sesión del 8 de diciembre de 1812 su dictamen, proponiendo su abolición por los tribunales protectores de la religión.
Bajo estas discusiones, entre el 5 y el 22 de enero de 1813, se aprobó el decreto de abolición —con noventa votos a favor y sesenta en contra— porque sentenciaron que resultaba incompatible con la Constitución, dado que afectaba a las libertades individuales, en particular la de imprenta. Quedaba claro que bajo la Constitución la sociedad no podía sujetarse a un tribunal eclesiástico. El decreto CCXXIII, titulado “Decreto y manifiesto de las Cortes generales y extraordinarias de la nación española sobre la abolición de la Inquisición, y establecimiento de los tribunales protectores de fe” estaba compuesto por catorce artículos, divididos en dos capítulos, nueve el primero y cinco el segundo. La desaparición de la Inquisición no acabó con la censura religiosa, más bien se reformó su práctica e incluso se extendió sus facultades a las autoridades eclesiásticas y jueces seculares: los tribunales protectores de la fe. Desaparecía el tribunal y sus prácticas judiciales, en especial las penas infamantes. Pero tal vez lo más importante para las autoridades fue que se nacionalizaron los bienes de este tribunal.
En el Perú, la noticia de la abolición de la Inquisición llegó el 17 de julio, cuando fue publicada en el periódico El Investigador. Abascal, el 27 de julio, había ordenado la publicación en Lima del decreto de abolición. Este periódico inició una campaña para extraer de los archivos de ese tribunal los papeles que afectaran el honor de los ciudadanos y guardarlos. Abascal estuvo de acuerdo con esas ideas y permitió una visita al local el 3 de setiembre. No obstante, el desorden cundió y empezó un saqueo del local, llevándose papeles y objetos del archivo. Al año siguiente, tras regresar del exilio francés, Fernando VII abolió los logros gaditanos, reinstaurando el absolutismo, por lo cual la Inquisición, mediante decreto de 21 de julio de 1814, retorno con su poder religioso y político.
En 1808 se produjeron las abdicaciones de Bayona, en la que los reyes españoles Carlos IV y Felipe VII abdicaron en favor del emperador francés, y este último le cedió la corona a su hermano José Bonaparte o José I de España. Los monarcas españoles se mantuvieron cautivos en suelo francés, en el castillo de Valençay, en una localidad del mismo nombre. Sin embargo, desde 1812, el ejército de Napoleón sufrió diversos fracasos, como la campaña en Rusia, y en general la guerra contra la Sexta Coalición.
Además, sus planes en España no tuvieron mayor beneficio para el emperador francés, debido a la organización de las provincias españolas, y la resistencia que llevaron en su contra desde 1810, conocida como la guerra de la independencia española. Esto generó un serio desgaste de sus fuerzas, por lo que Napoleón comenzó a retroceder camino a Francia. De este modo, ante la imposibilidad de continuar la guerra en España y con los ejércitos europeos enemigos encima, Napoleón buscó pactar con Fernando VII para obtener una salida pacífica del país ibérico y que este concluyese su alianza con el Imperio británico a cambio de devolverle la corona. El 13 de noviembre de 1813, Napoleón le encargó dicha tarea al antiguo embajador francés en Madrid, Antoine-René-Charles Mathurin, conde de Le Forest.
El 11 de diciembre de 1813, se firmó el Tratado de Valençay, compuesto por quince artículos. Sin embargo, siguiendo un decreto de las Cortes de Cádiz de 1811, el cual estipulaba que no reconocía ningún acuerdo del rey a menos que este se encontrase en libertad, el tratado no fue ratificado por el Consejo de Regencia ni las cortes. Ante tal situación, y con la guerra perdida en España, Napoleón permitió que Fernando VII fuera liberado, regresando a España el 13 de marzo de 1814. Esto iniciaría el final de las Cortes de Cádiz y su Constitución.
Fernando VII abandona el castillo de Valençay y regresa a España. Su política es restablecer el régimen absolutista, y abolir la obra legislativa y constitucional de las Cortes de Cádiz. Mientras tanto, Napoleón abdica como emperador y se restaura la monarquía en Francia, bajo el reinado de Luis XVIII. En América, hay una ofensiva realista que desestabiliza Nueva Granada y Venezuela. En Chile, la Patria Vieja llega a su fin tras la batalla de Rancagua. El sitio de Montevideo llega a su fin, rindiéndose los realistas ante las fuerzas del Directorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En Nueva España, los insurgentes aprueban la Constitución de Apatzingán.
En mayo de 1814, la monarquía española solicitó a los americanos planes e informaciones sobre los problemas suscitados en el continente. Cumpliendo con tal disposición, José Baquíjano y Carrillo presentó al duque de San Carlos, primer secretario de Estado, el siguiente dictamen:
… el estado de las provincias de América, el origen de sus alteraciones, el progresivo aumento de esas inquietudes, los extraviados arbitrios que se han adoptado para tranquilizarlas, los agravios de que se quejan aquellos naturales y los medios oportunos de disiparlos; deduciendo por estos datos ser fácil restituir a la tranquilidad y reunión de la Madre Patria esos distantes vasallos…
El dictamen de Baquíjano verifica su postura ideológica no separatista, interpreta y explica los acontecimientos que se han estado sucediendo en América. Para él los sentimientos locales de patria estaban vinculados con la metrópoli por la religión, la lengua, el carácter y el origen; no cabía culpar a los americanos de haber aceptado tratos con los franceses, ya que América acreditó su lealtad política a la península ante la usurpación napoleónica. Por consiguiente, Baquíjano se cuestiona: ¿cuáles fueron pues los motivos de la desunión de esas provincias y la causa de no conformarse a seguir en la obediencia de los gobiernos provisionales de España? Ante estas interrogantes responde:
Ese exceso de amor a su legítimo Soberano y los recelos de que éstos lexos de representar al Monarca, trataban sólo de allanar el camino al usurpador. Los procedimientos de las principales corporaciones de la Península, las proclamas y providencias de la Regencia, los debates y decisiones de las Cortes, y las escandalozas doctrinas que circulaban sin embarazo, apoyaban esa desconfianza, y disculpan qualquiera equivocación.
De esta manera, resalta la lealtad de los americanos cuando estos reconocen y cumplen las órdenes a la Junta Central. Sin embargo, añade que las desconfianzas se acentuaron cuando se dieron los decretos de disolución de la Junta Central y la formación del Consejo de Regencia el 29 de enero de 1810 porque se limitó a circular proclamas que estimulaban la independencia. Para Baquíjano, “las Cortes atizaron el incendio, por sus impolíticos y arbitrarios decretos, por sus subversivos principios, y por la ultrajante condescendencia con que disimuló y aun aplaudió los excesos cometidos contra los Americanos”. Estas declaraciones muestran la situación de incertidumbre que se estaba atravesando por la crisis española causada por la invasión napoleónica y las diversas reacciones ante ello.
El 4 de mayo de 1814, habiendo retornado al trono español, Fernando VII derogó la Constitución de Cádiz, también decretó la suspensión de las cortes, y dejó abolida toda obra legislativa lograda. Por tanto, el retorno del rey español, acompañada de la salida de los enemigos franceses del territorio peninsular, significó el regreso al absolutismo, la restauración del antiguo régimen, y una traba para los planes de los liberales criollos. De este modo, se dejó sin efecto lo avanzado por la Constitución de Cádiz, quitándole a los criollos aquella oportunidad tantas veces negada de acceder a cargos dentro de la administración virreinal, gozar de cierta autonomía y el reconocimiento de la igualdad, entre otros.
Sin embargo, los ánimos de los criollos estaban exacerbados. En el caso del virreinato del Perú, Abascal se había resistido muchas veces a acatar las órdenes de la Constitución gaditana. Todo fue sumando para que los territorios españoles en América advirtieran que la única forma de cambiar esta situación era tomando el poder de manera independiente. Muchos de los iniciadores de esta futura guerra por la independencia fueron aquellos territorios donde se colocaron juntas de gobierno, a propósito de la ausencia del rey y la aparición de las cortes.
Al día siguiente de la abolición de la Constitución de Cádiz, Fernando VII se dirigió a Madrid desde Valencia para hacer su retorno triunfal, en buena parte rodeado de un júbilo popular que el clero se ocupó de exaltar, contando con la obediencia que los jefes del ejército le habían jurado (quienes eran considerados los únicos que podían oponerse a la restauración del absolutismo). El general Eguía, capitán general de Castilla, hizo que sus soldados ocuparan las cortes la noche del 10 de mayo. Abascal y la élite conservadora limeña recibieron la noticia con alivio, pues la restauración del absolutismo servía a sus intereses de no tener que modificar el statu quo dentro del virreinato. Mientras tanto, en las provincias, el desagrado sí fue más general entre la población, semejante al de los demás territorios juntistas.
Por último, en la metrópoli, se arrestaron a los defensores de la Constitución de Cádiz, miembros del Consejo de Regencia y demás. Se llegó incluso a destruir el monumento madrileño en honor a la Constitución, el 11 de mayo de 1814. En julio del mismo año, se restableció la Inquisición, y en 1815, “se incluyó a todos los periódicos y folletos de tendencia liberal publicados de 1808 a 1814, en el índice de impresos prohibidos”. España quería volver al antiguo régimen, pero no sería sencillo, y América era otra luego de las Cortes de Cádiz y el gobierno representativo cuya construcción no sería fácil de aceptar que no continuase.
En América, la crisis monárquica generó rápidamente desconcierto y noticias falsas que, unidas a los conflictos entre criollos y peninsulares, llevó en algunos lugares a desconocer la autoridad real local y establecer juntas de gobierno leales al rey, pero autónomas, como en Chuquisaca, La Paz y Quito. Se tenía la idea de que, ante la ausencia del rey, la soberanía volvía al pueblo. En tal sentido, muchos planteaban que, si Sevilla y otras ciudades de la península habían formado juntas, ¿por qué no podían también hacerlo otros reinos en América? En el virreinato peruano, Abascal mantuvo el control político de la situación y las élites criollas parecían estar de acuerdo con en ello. De hecho, no se toleró la circulación de noticias “perturbativas” que cuestionaran la autoridad real y menos que se plantee la formación de juntas en cafés o tertulias. Los que lo hicieron fueron acusados de conspiradores y afrancesados, y encarcelados (como ocurriera con el abogado limeño Mateo Silva) o enviados a la península (como sucediese con el presbítero Juan Eduardo Anchoris).
El establecimiento del Consejo de Regencia (a mediados de 1810) más las noticias de derrotas en la península generaron temor en América ante una inminente victoria francesa. En Buenos Aires, Caracas, Quito y Santiago de Chile se desconoce al Consejo de Regencia y se forman juntas de gobierno leales al rey. Por lo mismo, no acataron la convocatoria a cortes. La guerra surgió cuando los mandos fieles a la autoridad peninsular, como el virrey del Perú, procedieron a reprimir estas juntas. El Alto Perú fue un espacio particularmente conflictivo dado que Abascal, en 1810, lo puso ante los pedidos de las élites locales bajo jurisdicción del virreinato peruano. De inmediato, el gobierno de Río de la Plata envió fuerzas militares para controlar la región. Tres expediciones, entre 1810 y 1815, fueron enviadas sin éxito, aunque desestabilizando la región. De hecho, las rebeliones de Tacna se conectan de modo directo con estas expediciones. Una conexión indirecta fue la de la rebelión de Huánuco. Las noticias de una rebelión en el sur del Rey Castelli o Inga Castell fueron aprovechadas por criollos e indígenas de la región para rebelarse contra el “mal gobierno” que había afectado su economía. La rebelión del Cusco, que cubrió un amplio territorio del sur andino, detonó por la demora en la jura de la Constitución de Cádiz. Con todo, Abascal pudo controlar la coyuntura rebelde y ampliar la influencia territorial del virreinato peruano.
Línea de tiempo
El ataque inglés a unos barcos españoles a fines de 1804 lleva a la declaratoria de guerra. Al año siguiente, España y Francia firman un acuerdo de ayuda militar y naval para invadir Gran Bretaña. En este contexto, se dio la batalla de Trafalgar, en la que la flota inglesa vence a la fuerza combinada franco-española. En 1804, Saint-Domingue declara su independencia de Francia y pasa a llamarse Haití. En 1805, establece la Constitución Imperial de Haití, en la que, además de abolirse la esclavitud, se plantea que ningún hombre blanco puede pisar el país con el título de “amo” o “propietario”.
José Gabriel Aguilar y José Manuel de Ubalde organizaron un levantamiento en el Cusco, quince años antes del famoso desembarco de José de San Martín y el Ejército Libertador (compuesto por chilenos y argentinos). Aguilar procedía de Huánuco y se dedicaba a la minería. Desde temprana edad, según sus declaraciones, sus sueños lo llevaron a cuestionar el régimen imperante:
… el sueño se desenvuelve sobre su bautismo, sobre cómo es uno de los escogidos de Dios. Este sueño ayudaría a formar la idea de Gabriel acerca de cómo tenía una misión primordial: la de evangelizar; es por ello que a muy temprana edad decidió alejarse de sus padres y viajar por diferentes provincias. Otros sueños relatados durante el interrogatorio apoyan el hecho de alejarse de sus padres, pero esto posiblemente debido a que Gabriel, a temprana edad, se cuestiona si aquellos son sus verdaderos padres; al sentir que estos lo habían dejado educarse violentamente en la escuela, asoció esto a que solo quienes no eran sus padres podían dejarlo prácticamente “abandonado” a sufrir maltratos mientras se instruía… Otros sueños giraban alrededor de con quien debía casarse: una niña pobre, posiblemente como manifestación de la pérdida de su esposa, apenas un año después de iniciado el matrimonio. Los sueños alrededor de su coronación son posiblemente los más importantes, pues revelarían su visión de lo que quería para el Perú, desde un rompimiento del orden colonial, hasta el volver a tener un monarca andino y ya no un rey español.
A partir de estas ideas, Aguilar, con treintaiún años, planteó su visión política de romper con el orden colonial, contemplando un discurso incanista, que le sirvió para tener acogida entre sus seguidores; casi treinta años antes, el cacique José Gabriel Condorcanqui tomó la misma lógica discursiva, haciéndose llamar Túpac Amaru II. Por otro lado, Manuel Ubalde era un respetado abogado arequipeño que trabajaba para la audiencia del Cusco como asesor; hacia 1805 tenía treintainueve años. Si bien se conocieron en Lima, volvieron a coincidir en el Cusco, donde entablaron “variadas conversaciones sobre viajes, libros, la preocupación por los pobres y el sufrimiento”.
Sus intereses en común los llevaron a idear un plan para “independizar al Perú” y restaurar el incanato, convocando a miembros eclesiásticos, la nobleza indígena y abogados, entre otros, y preparando expediciones hacia Lima y Potosí. Pensaron que dicho cargo debía recaer sobre un cusqueño descendiente de los incas, por lo que eligieron al regidor Manuel Valverde Ampuero, quien rechazó tal nombramiento. Ante tal negativa, decidieron que Aguilar se convertiría en el inca. Este, amparado en sus sueños, se hallaba seguro de que era una decisión divina:
Aguilar fue electo como inca por los conspiradores, una decisión alimentada por su insistencia en que, cuando tenía nueve años de edad, soñó que ascendía al cielo, donde Jesucristo, rodeado por ángeles y santos, le informó que le había elegido para emancipar el Perú del imperio español y después reinar sobre el país…
Aguilar mismo admitió que había dicho a estos indios que “fue mestizo, hijo de un conquistador y de una india hija de un cacique, y de uno de los Incas, en cuyo caso eran dichos electores sus parientes”.
El 24 de junio de 1805, Mariano Lechuga, a pesar de que era amigo de Ubalde, les tendió una trampa. Ubalde y Aguilar fueron capturados antes de iniciarse el levantamiento: “escondiendo a funcionarios coloniales en su casa y con la excusa de relatar un sueño hace que los conspiradores asistan y dejen testimonio de sus intenciones, fueron arrestados e interrogados junto a otros posibles cómplices durante 5 meses, para luego ser ajusticiados. Murieron en la horca, en la plaza de Cusco el 5 de diciembre de 1805”. En ese mismo sitio fue descuartizado Túpac Amaru II. Para algunos historiadores, este movimiento fue un tránsito entre dicho levantamiento con las rebeliones de Huánuco (1812) y del Cusco (1814).
España e Inglaterra, antiguos enemigos, firman la paz y al mismo tiempo una alianza contra Francia. En la península, los españoles, ayudados por los ingleses, enfrentan a las tropas invasoras francesas, la Grande Armée, con resultados negativos en la Coruña y Zaragoza, y positivos en Valencia y Galicia. El impacto de la guerra y la ausencia del rey genera inestabilidad política en algunas regiones de América, como en Río de la Plata, Quito, y el Alto Perú, donde se plantea la formación de juntas de gobierno al igual que en la península. Se llevan a cabo elecciones en América para elegir representantes para la Junta Central.
Durante el periodo de la Junta Central, en el virreinato peruano no estallaron movimientos junteros como ocurriera en Quito, Chuquisaca y La Paz. Sin embargo, proliferaba la incertidumbre de la invasión napoleónica a España, en 1808, que dio paso a la formación de asambleas que el virrey Abascal persiguió y acusó de sediciosas y afrancesadas, buscando derrotarlas. A pesar de todo, no se pudo evitar que fueran tema de conversación en las tertulias limeñas. Justamente, el 11 de julio de 1809, se acusó a los gallegos Francisco Pérez Canosa y José Antonio García porque ambos habían sido delatados que, en unas tertulias celebradas en los cafés de las calles Mercaderes y Bodegones, expresaron sus simpatías hacia Napoleón Bonaparte y criticado a la Junta Central. Ante esto, el virrey Abascal ordenó al alcalde del crimen de la Real Audiencia de Lima que los investigase, apareciendo varios testigos acusándolos. Ambos fueron encerrados en la real cárcel de corte y se les confiscó sus propiedades. A la letra:
Cuando se hizo la requisa respectiva en el dormitorio de Canosa, se encontraron: un discurso patriótico, 104 gacetas, papeles impresos en Madrid, y un retrato del rey Fernando VII… luego en su declaración, confesaría que, aunque tenía un genio divertido, no se le podía acusar de no amar a su majestad el rey.
Un mes después, Pérez Canosa fue desterrado a Guayaquil por dos años, mientras que a García se le impuso un año de residencia en un lugar a cincuenta leguas de la capital. Antes de aplicarles las condenas, salieron, viéndose entonces involucrados en un escándalo político, pues se les señalaba de haber estado presentes en una tertulia limeña en la que el abogado José Mateo Silva deslizó la posibilidad de que se establezca una junta de gobierno, lo que resultaba ser una idea sediciosa. Con esto, ambos fueron condenados bajo el delito de conjura contra el virrey y se les desterró a España. Estas condenas muestran la represión que se aplicó incluso por el solo hecho de hacer comentarios, denotan también la popularidad de las tertulias y la difusión de ideas sediciosas.
En otra tertulia, el abogado José Mateo Silva expresó la posibilidad de que, ante esta situación crítica en el Perú, se estableciera una junta de gobierno. Entre los varios asistentes a estas reuniones se hallaba el español Antonio María Pardo (alférez de Dragones de Caballería), con el que coincidía seguir el ejemplo de los quiteños. Además, se reunió con varios vecinos y les comentó sobre sus ideas políticas. Ante esto, José Manuel Millán, quien estuvo presente en estas reuniones, decidió acusar a Silva y a Pardo ante el virrey Abascal, redactando dos cartas. El 26 de setiembre de 1809, Juan Bazo y Berri, alcalde del crimen de la Real Audiencia, encerró a Matero Silva, Antonio María Pardo, Juan Sánchez, Pedro Zorrilla, José Bernardo Manzanares y Felipe Gamonal por la “sublevación que se intentaba formar en la capital”. Silva fue condenado a prisión en Bocachica, y Pardo, por ser español, desterrado. Sin duda, en Lima, la situación política no fue ignorada como se suele pensar para estos años antes de la llegada de las corrientes libertadoras.
En Lima, a mediados de 1810, arribaron noticias sobre el avance del ejército francés en la península, los levantamientos en Quito y la entrada de las tropas argentinas dirigidas por Castelli en el Alto Perú, por lo que se generaron diversas posturas sobre el accionar de la Junta Central. Esto creó un clima de agitación y sospechas de posibles conspiraciones. Así, el virrey Abascal emprendió una política de represión contra las tertulias políticas que se desarrollaban en la capital. Ramón Eduardo Anchoris, natural de Buenos Aires y mayordomo del arzobispo de Lima, había emprendido tertulias en las habitaciones de la parroquia de San Lázaro, donde era sacristán:
Allí asistieron el Cura de Chongos, Cecilio Tagle, su hermano Mariano, el abogado Saravia, el joven Miralla, argentinos todos, residentes en Lima; el italiano José Boqui y la señora Brigida Silva, ansiosa de vengar a sus hermanos Mateos y Remigio. Alma de la conspiración fue el joven Riva Agüero.
Como se lee, las mujeres también formaron parte de estas reuniones y tenían una posición política que pocas veces tenemos en cuenta por la falta de fuentes históricas al respecto. Brígida Silva fue una conspiradora y participó como informante a favor de la causa patriota hasta la llegada de San Martín a Lima.
El 8 de agosto de 1810, el virrey Abascal confirmó que, en la capital, “un abogado de Buenos Aires de nombre Mariano Sarabia, quien andaba sembrando astutamente especies subversivas y que si no se ponía remedio en tiempo estaban expuestos los españoles a la última ruina”, saliendo a la luz el nombre de Anchoris, quien reconoció haber discutido con vecinos de Lima y Buenos Aires sobre la situación de España y la capacidad del Consejo de Regencia. Por órdenes de Abascal, Ramón Anchoris fue enviado a España, para ser encerrado en el castillo de Santa Catalina de Cádiz, donde estuvo poco tiempo. A su salida, en esa ciudad conoció y se convirtió en amigo de José de San Martín, regresando a Buenos Aires en 1813, compartiendo los anhelos de libertad.
Las fuerzas portuguesas e inglesas dirigidas por el duque de Wellington logran expulsar a los franceses de Portugal e incursiona en territorio español. Las cortes españolas decretan la abolición del régimen señorial. En América, los enfrentamientos políticos y militares se expanden y se establecen instituciones autónomas de la metrópoli como la Provincias Unidas de Venezuela —en la que se establece una constitución— y la Federación de las Provincias Unidas de Nueva Granada. En Chile, se convoca a un Congreso Nacional y la Junta de Buenos Aires envía tropas para tomar control del territorio del virreinato de Río de la Plata. En Nueva España, el cura Hidalgo es capturado y ejecutado, pero José María Morelos continúa con la rebelión.
La Junta de Gobierno de Buenos Aires, en mayo, envió la primera expedición auxiliadora al Alto Perú, también conocida como el Ejército Patriota o Ejército del Norte, formada para asegurar la libre elección de los representantes de las provincias en la Junta de Gobierno del Río de la Plata y el control de la plata producida en Potosí. Esta asamblea no fue reconocida por varias ciudades, como Montevideo y Paraguay, por lo que allí también fueron enviadas expediciones militares, con el fin de acabar con el poder realista. Asimismo, al norte del virreinato, en la provincia de Córdoba, había surgido una contrarrevolución, encabezada por Santiago de Liniers, antiguo virrey y héroe de la resistencia de Buenos Aires, ante las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Para este entonces, la audiencia de Charcas, donde antes se había formado una junta de gobierno, se hallaba sometida a las fuerzas realistas enviadas desde el virreinato peruano.
De esta manera, en julio de 1810, la primera expedición auxiliadora partió de Buenos Aires al mando de Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, llegando a la provincia de Córdoba, a fin de sofocar la contrarrevolución encabezada por Liniers. Las fuerzas del antiguo virrey, enteradas de esto, retrocedieron al Alto Perú, donde se unieron con las tropas enviadas por el virrey del Perú. Sin embargo, algunos jefes realistas de Córdoba fueron interceptados, entre ellos Liniers, quien fue fusilado. Luego, entre octubre y noviembre, bajo el liderazgo de Antonio González Balcarce y Juan José Castelli, ingresaron en Charcas. En Suipacha, se enfrentaron a los realistas, el 7 de noviembre; esta fue la primera y última victoria de González Balcarce. En paralelo, los realistas, en la llamada batalla de Arohuma o Aruma, perdieron ante los cochabambinos que decidieron levantarse.
De este modo, el ejército patriota se apoderó del Alto Perú, mientras que los realistas retrocedieron hasta Desaguadero, para rearmarse y prepararse. El 16 de mayo de 1811, los jefes de ambos ejércitos acordaron un armisticio de cuarenta días, que fue aprovechado por el ejército realista, aumentando la instrucción y disciplina de sus tropas y recibiendo más material bélico. Los patriotas, en cambio, descuidaron la instrucción y disciplina, y sufrieron los efectos de las divisiones políticas en Buenos Aires. Si bien ambos ejércitos tenían la intención de atacar al enemigo antes del término del armisticio, José Manuel de Goyeneche decidió dar el primer paso, gracias a la información proporcionada por sus espías del plan de Castelli. Así, el ejército realista adelantó su marcha sobre Desaguadero, mientras el ejército auxiliar patriota se encontraba dividido y empezando sus preparativos.
El 20 de junio, en Huaqui o Guaqui, se produjo la batalla, logrando la victoria el ejército realista. Este resultado representó la derrota definitiva de la primera expedición auxiliadora, al sufrir importantes bajas entre muertos, heridos y prisioneros, no mayor a los mil elementos, además de perder toda la artillería y municiones que pasaron a manos del enemigo. Dueños nuevamente los españoles de esa parte tan importante del virreinato, pudieron no solo oponer desde allí una fuerte resistencia, sino invadir las provincias del noreste y aun proseguir más al sur. Imposibilitó también la unión del ejército auxiliar con las fuerzas insurgentes de Tacna, consiguiendo más victorias a favor del virrey Abascal, quien sofocó a sus opositores.
El 20 de junio de 1811, en la ciudad de Tacna, Francisco Antonio de Zela lideró un levantamiento, para lo cual convocó a criollos, mestizos e indígenas partidarios de la causa libertaria. De esta manera, inició una rebelión que buscó respaldar los objetivos de la primera expedición auxiliadora al Alto Perú de la Junta Grande de las Provincias Unidas del Río de la Plata y como oposición al virrey Abascal. Paradójicamente, ese mismo día se produjo la victoria de los realistas contra las fuerzas comandadas por Castelli en la batalla de Guaqui, cayendo los independentistas rioplatenses.
En paralelo, Francisco Antonio de Zela y sus fuerzas lograron tomar dos cuarteles realistas, siendo proclamado comandante militar de la plaza. A Rabino Gabino Barrios se le nombró coronel de milicias de infantería, y al curaca Toribio Ara, comandante de la división de caballería. El 25 de junio llegó la noticia de la derrota de los patriotas argentinos en Guaqui, lo que generó un gran desconcierto. En medio de las dudas, los realistas desmontaron el movimiento y tomaron preso a Francisco Antonio de Zela, quien fue llevado a Lima donde se le condenó a cadena perpetua en la cárcel de Chagres (Panamá). Falleció en 1819, a los cincuenta años.
La batalla de Sipe Sipe o de Amiraya enfrentó al ejército realista, al mando del brigadier José Manuel de Goyeneche, contra las milicias de la intendencia de Cochabamba y las fuerzas del Ejército del Norte —que estaban al mando del brigadier Francisco del Rivero y el coronel Eustoquio Díaz Vélez—. Los realistas llegaron al pueblo el 13 de agosto, siendo atacados desde unas lomas por los patriotas. En la tarde, Goyeneche decidió, junto al brigadier Juan Ramírez, ocupar el caserío de Sipe Sipe. La batalla duró tres horas, hasta que los realistas lograron tomar el pueblo, así como la artillería rebelde y buena parte de sus armas. La primera expedición auxiliadora solo pudo optar por la retirada.
Con esta victoria, Goyeneche se abrió paso hacia la capital de Cochabamba, donde ingresó el 21 de agosto sin encontrar resistencia alguna y en modo triunfal. Con este triunfo se desmontó la rebelión que fuera defendida durante once meses. Aun así, los habitantes de dicha región siguieron intimidando a las fuerzas realistas, hasta que el Ejército del Norte, al mando de Manuel Belgrano, en 1813, acudió en auxilio de los revolucionarios, iniciando otro periodo de la revolución de Cochabamba.
Las Cortes de Cádiz promulga la primera Constitución de la monarquía española. Con Wellington, designado comandante en jefe del ejército español, las fuerzas militares españolas recuperan varias ciudades, entre ellas Madrid. Esto dura poco tiempo porque los franceses realizan una contraofensiva que les permite recuperar la capital española. No obstante, en el frente ruso, Napoleón es totalmente derrotado. En América, se produce una contraofensiva realista que retoma Venezuela y Quito, además de derrotar a la primera expedición auxiliadora al Alto Perú enviada por el Primer Triunvirato de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Mientras tanto, una guerra civil en Nueva Granada enfrenta a centralistas y federalistas, y en Chile, se promulga el primer reglamento constitucional.
La rebelión de Huánuco se produjo el 22 de febrero de 1812, motivada por la pugna política entre criollos y peninsulares, el abuso hacia los indígenas, y el desencuentro económico que había generado la aparición de la “contribución voluntaria” y el control monopólico del tabaco, lo que perjudicaba a criollos y mestizos. La situación se agravó cuando Diego García, subdelegado de Huánuco, agregó una nueva prohibición a la exportación de productos agropecuarios y aguardiente, afectando directamente a los indígenas. En los discursos se puso como causa principal el destierro de todo europeo abusivo.
La gesta del levantamiento empezó días antes, con pasquines contra los vecinos europeos, que fueron escritos por los curas, principalmente Marcos Duran Martel. El subdelegado Diego García contaba con información de su posible estallido, pero le restó importancia. Así, el 22 de febrero, se levantaron los indígenas, ingresando en la ciudad de Huánuco armados con piedras, palos, cuchillos y hondas. La mayoría de peninsulares huyó, entre ellos el subdelegado. Los indígenas, al mando del alcalde José Contreras, ingresaron cruzando el puente Huayopampa, para iniciar el saqueo de las principales casas y la fiesta de celebración por la toma de la ciudad.
El 26 de febrero se convocó a cabildo para constituir una junta que gobernase la ciudad. Esta reunión se llevó a cabo en la casa de Domingo Berrospi. Se argumentaba que Huánuco se encontraba sin autoridad, debido a la huida del subdelegado y otros miembros del cabildo, a causa de la sublevación de días anteriores. Se decidió colocar como líder a Berrospi, como alcalde de segundo voto a Juan José Ruiz, como síndico procurador general a Juan José Crespo y Castillo, como comandante de Caballería al sargento mayor Manuel Talancha y como comandante de Infantería al capitán Antonio Tafur.
Sin embargo, Berrospi no duró mucho tiempo en el cargo, debido a que descubrió que había ordenado apresar y ejecutar a José Contreras, sindicado como el líder de los saqueos de la ciudad, y porque estaba dando información a los realistas de las decisiones rebeldes. De esta manera: “los indios solicitaron a voces, en la Plaza de Armas, la cabeza del Traidor”. El 2 de marzo, en la plaza de armas, Juan José Crespo y Castillo fue proclamado como nuevo general en jefe.
La principal labor de la junta fue la organización y propagación de la revolución, enviar delegados a Huamalíes y a otros pueblos, así como “despachar expresos a las provincias de Conchucos, Huaylas y Cajatambo; exhortando a los indios para que concluyeran su obra de expulsar a los españoles”, teniendo como principal rumor la llegada del inca.
La junta finalizó al mismo tiempo que la revolución. Esta fue derrotada en el segundo combate de Ambo, el 18 de marzo, por las fuerzas realistas, al mando José González de Prada, intendente de Tarma, quien ingreso en la ciudad de Huánuco el 21 de marzo. De esta manera, el virreinato del Perú no estuvo al margen del espíritu juntero de la época.
El 5 de marzo de 1812, cien españoles arribaron a Ambo para enfrentar a los insurgentes que habían tomado la ciudad de Huánuco. Los rebeldes contaban con dos cañones de maguey y cien escopetas. En este enfrentamiento fue importante el liderazgo del mestizo José Rodríguez, quien gritaba arengas: “viva el rey Fernando séptimo… muera el mal gobierno”, así como la partición de diversos capitanes indios como Antonio Espinoza —El Limeño— y José Mirabal. El resultado final de este enfrentamiento fue la huida de los españoles y el saqueo principalmente a las casas de los peninsulares de este pueblo. Después de la victoria en la batalla de Ambo, los insurgentes continuaron con los saqueos y la movilización de indígenas a otras regiones fuera de Huánuco. Estas acciones estuvieron lideradas por indígenas como Norberto Aro, quien condujo una invasión a Chupan.
Ante esto, el intendente Gonzales Prada, a quien el virrey Abascal dio potestad para restablecer el orden, dirigió una campaña para entrar en la ciudad de Huánuco. Para ello, contó con una importante cantidad de hombres y armas, a diferencia de los rebeldes, que, a pesar de tener un contingente superior, no tenían armas de fuego suficientes. De esta manera, el ejército realista reconstruyó el puente Huacar, a pesar de que el cerro cercano estaba lleno de indígenas que no pudieron atacarlos. El 18 de marzo, el intendente contaba con “600 infantes armados de fusil, 150 lanzas, 100 de caballería con pistola y espadas; 4 cañones de montaña y las correspondientes municiones”, brindándole este arsenal la superioridad bélica. El enfrentamiento dejó un saldo de aproximadamente doscientos cincuenta cadáveres, con una mayor cantidad de muertos y heridos del lado rebelde, mientras que del realista murió uno y tuvieron cinco heridos, uno de bala y los demás por piedras.
El ejército realista ingresó en la ciudad de Huánuco el 21 de marzo del mismo año, derrotando la rebelión. Se atrapó a los líderes y participantes más importantes, aunque las condenas fueron variadas, destacaron las sentencias de muerte a Juan José Crespo y Castillo y José Rodríguez (los líderes más representativos del bando de criollos), y Norberto Aro (del lado indígena).
En España se produce una nueva ofensiva contra las tropas francesas. José I sale de Madrid y, tras perder la batalla de Vitoria, regresa a Francia. Napoleón se ve obligado a realizar negociaciones de paz que llevan a la firma del Tratado de Valençay, que restituye la corona a Fernando VII. En América, Bolívar, con ayuda de Nueva Granada, consigue restablecer la República en Venezuela. Tras enfrentar las pretensiones del gobierno en Río de la Plata, Paraguay se declara independiente. La segunda expedición auxiliadora al Alto Perú, enviada por el Segundo Triunvirato de las Provincias Unidas del Río de la Plata Río, es derrota por los realistas.
Para llevar a cabo esta segunda expedición auxiliadora, se nombró comandante en jefe a Manuel Belgrano, quien había ocupado el cargo de vocal en la junta que se levantó en Buenos Aires, en 1810, para luego ser promovido al grado de general, dirigiendo la campaña en Paraguay de 1810-1811. Junto a su ejército, partió de Buenos Aires con dirección al norte, en mayo de 1812. Esta expedición auxiliadora empezó con dos triunfos importantes en Tucumán (24 de setiembre de 1812) y en Salta (20 de febrero de 1813), sobre el ejército realista, comandado por Juan Pío Tristán. Esta campaña terminó en una capitulación que no fue reconocida por Abascal, lo que causó la salida de Goyeneche, quien fue reemplazado por Joaquín de la Pezuela.
Luego del retroceso del ejército de Goyeneche y su salida, las fuerzas de Belgrano ocuparon el territorio de la antigua Intendencia de Charcas, llegando a establecer, el 21 de junio de 1813, su cuartel general en Potosí, desde donde organizó a sus fuerzas hasta el 5 de setiembre. Algunas acciones destacadas fueron las alianzas que concretó con Baltasar Cárdenas, jefe de guerrillas, quien comandaba una considerable cantidad de indígenas. Además, constituyó políticamente la antigua audiencia, designando a Antonio Álvarez de Arenales como gobernador de Cochabamba, a Ignacio Warnes como gobernador de Santa Cruz y a Francisco Antonio Ortiz de Ocampo como presidente de la audiencia.
Belgrano organizó sus fuerzas bajo la estrategia de atacar por sorpresa y en dos flancos. Uno comandado por las guerrillas de Baltasar Cárdenas, que debía seguirle el paso al ejército de Pezuela. El otro flanco se hallaba compuesto por los soldados de Belgrano y las tropas de Zelaya, que tenían que reunirse en el punto de Vilcapugio, donde el 1 de octubre se enfrentaron a los realistas, y el 14 de octubre, en Ayohuma. El resultado fue desfavorable para los patriotas, quienes se dispersaron. Belgrano, en su retirada, se dispuso a destruir la Casa de la Moneda de Potosí, con el fin de que no cayera en manos de los realistas, pero esto no se concretó. Luego la ciudad fue tomada por las tropas realistas, recuperando nuevamente el control de la mayor parte de Charcas.
El 3 de octubre de 1813, en la ciudad de Tacna, Enrique Paillardelle lideró un levantamiento, logrando ocupar los cuarteles realistas locales, convocar a criollos, mestizos e indígenas partidarios de la causa libertaria, y apresar al gobernador realista. De esta manera, inició una rebelión que buscó también respaldar los objetivos de la segunda expedición auxiliadora al Alto Perú de la Junta Grande de las Provincias Unidas del Río de la Plata. De esta manera, Paillardelle actuó en coordinación con Belgrano, en Puno, cuyos planes consistieron en concertar el alzamiento del sur del Perú.
José Gabriel Moscoso, intendente de Arequipa, enterado de los acontecimientos, envió una milicia realista al mando de José García de Santiago, produciéndose el combate de Camiara, el 13 de octubre, en el que fueron derrotados los patriotas. A los pocos días, se supo de la derrota de Belgrano, y Enrique Paillardelle, junto a unos cuantos seguidores, huyó hacia el Alto Perú, el 3 de noviembre de 1813. Tacna fue retomada por los realistas; las ansias de libertad de los patriotas parecían desvanecerse.
Fernando VII abandona el castillo de Valençay y regresa a España. Su política es restablecer el régimen absolutista, y abolir la obra legislativa y constitucional de las Cortes de Cádiz. Mientras tanto, Napoleón abdica como emperador y se restaura la monarquía en Francia, bajo el reinado de Luis XVIII. En América, hay una ofensiva realista que desestabiliza Nueva Granada y Venezuela. En Chile, la Patria Vieja llega a su fin tras la batalla de Rancagua. El sitio de Montevideo llega a su fin, rindiéndose los realistas ante las fuerzas del Directorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En Nueva España, los insurgentes aprueban la Constitución de Apatzingán.
Francisco de Paula Quirós estudió en el Seminario de San Jerónimo en Arequipa, y se recibió como abogado en la Universidad de Huamanga, para luego ejercer en un estudio jurídico en Lima. El popular Club Carolino se reunió en su casa en concurridas ocasiones, donde asistieron personajes como Francisco Javier Mariátegui y Manuel Pérez de Tudela, que se convirtieron en los conspiradores patriotas. Por sus ideas comenzó a ser perseguido, decidiendo regresar a su natal Arequipa en 1813, para participar en las elecciones constitucionales y alejarse de sus perseguidores. Sin embargo, entró en conflicto con el intendente José Gabriel Moscoso, quien lo mandó capturar y enviar a Lima por publicitar su simpatía con los insurgentes de Tacna y el Alto Perú.
Desde Lima, mantuvo el contacto con los insurgentes del Cusco de 1814, hasta que fue apresado en las celdas subterráneas (casamatas) de la Fortaleza del Real Felipe del Callao, donde conspiró con otros presos. Gracias al favor de sus familiares, logró obtener su libertad, pudiendo confabular con civiles y militares del Real Felipe. Así, al lado de José Matías Vásquez de Acuña, conde de la Vega del Ren y jefe del Batallón de Cívicos El Número, algo bastante clave por ser el único cuerpo de ejército que resguardaba Lima, Juan Pardo de Zela y otros iniciaron la organización de las conspiraciones.
En abril de 1814, intentaron dar un golpe contra el gobierno virreinal, al ver la poca presencia de tropas en Lima, debido a que Abascal los enviaba con más frecuencia a combatir a los insurgentes del Cusco. La idea de De Paula era capturar al virrey Abascal y a sus principales autoridades para darle una mayor dimensión a la insurgencia del Cusco de 1814, pero los planes se fueron dilatando y retrasando, hasta que arribó el navío Asia al Callao, que conducía al conocido regimiento español Talavera. Abascal desintegró El Número, en favor de este regimiento, y capturó a los principales conspiradores, encerrándolos en la Fortaleza del Real Felipe.
La Rebelión del Cusco abarcó el sur del virreinato del Perú alentada por la confrontación política entre el cabildo constitucional y la Real Audiencia del Cusco: el primero era percibido como pro americano, y el segundo, como pro peninsular. Además, la nueva Constitución de 1812 no fue del todo respetada en cuanto a sus leyes, generando un desencuentro entre criollos y peninsulares. Los criollos desafiaron la autoridad de la audiencia, por lo que fueron apresados, siendo encarcelado José Angulo a fines de 1813.
En la madrugada del 3 de agosto de 1814, los hermanos Angulo lideraron un levantamiento ocupando los cuarteles realistas locales, a fin de liberar a José Angulo, Gabriel Béjar y Manuel Hurtado Mendoza, entre otros, acusados de infidencia, y proclamar la autonomía de la zona mediante la creación de una junta de gobierno. De esta manera, empezó una rebelión que organizó expediciones militares dirigidas hacia Huamanga, Arequipa, Tarapacá y el Alto Perú.
Al día siguiente de la toma, se leyó un oficio de los alzados en armas, destinado a la citación de las corporaciones, con el propósito de proceder al nombramiento de cinco jueces que iban a conformar una junta conservadora del buen orden de la ciudad y provincia. Para tal fin, fueron elegidos el oidor Manuel de Vidaurre, el coronel Luis Astete y el abogado Toribio de la Torre y Salas. Sin embargo, debido a que dos de estos miembros renunciaron, se eligió, el 6 de agosto, por aclamación y plena votación de las tres corporaciones, a José Angulo como comandante general, José Gabriel Béjar como comandante del cuartel y el coronel Luis Astete como jefe político. Poco después se escogieron cinco jueces, siendo elegido Mateo Pumacahua, el brigadier y cacique de Chinchero, quien fuera uno de los grandes defensores de la monarquía española durante la rebelión de Túpac Amaru II. Años después, participaba en contra de las autoridades peninsulares, mas no necesariamente en contra del rey Fernando, de quien se sabía su soberanía se hallaba depositada en manos de las Cortes de Cádiz.
Una vez iniciada la rebelión, el siguiente paso para los insurrectos del Cusco fue formar una junta gubernativa o de gobierno, plegada a Fernando VII. El indígena Mateo Pumacahua, cacique de Chinchero, asumió la presidencia, acompañado por el teniente coronel Juan Moscoso y el coronel Domingo Luis Astete. El cabildo abierto debatió ampliamente su organización en días posteriores a la rebelión, llegando a nombrar como comandante general de Armas a José Angulo. Al conocer estos sucesos, el virrey Abascal procedió a comunicarle a los miembros de la junta que Fernando VII era de nuevo rey de España, por lo que no había justificación para defender los derechos de este bajo la figura de una asamblea por lo que debían cesar sus medidas.
Ante esto, la Junta de Gobierno del Cusco le respondió al virrey que su intención era suprimir la esclavitud americana porque los miembros del gobierno colonial eran desordenados, abusaban de su poder y estaban confabulados con los franceses, lo que impedía que se pudiera cumplir la Constitución y sostener el “estado de sociedad”. Incluso para José Angulo la crisis del régimen monárquico se vinculaba con la deslegitimación de las autoridades peninsulares en América debido a su despotismo. El movimiento creció bajo el liderazgo de Pumacahua (quien tenía fuerte apoyo de los indios que le daban incluso el título de inca), llegando a organizarse un fuerte ejército que tenía como objetivo marchar hacia La Paz, Huamanga, Arequipa y Puno.
Los insurgentes del Cusco se dividieron en tres campañas.
La primera división se dirigió al Alto Perú a mediados de agosto de 1814, bajo el mando de León Pinelo y del cura Ildefonso Muñecas. Esta recibió apoyo de los indígenas de varios pueblos durante su viaje hasta La Paz, a donde llegó el 14 de setiembre del mismo año. Cerca de diez días después, la ciudad sería tomada por Pinelo, procediendo a cometer excesos contra los habitantes del lugar. Luego, junto con Muñecas, organizó la Junta de Gobierno de La Paz, en la que participaron José Agustín Arze, José Astete y Eugenio Medina. Después Pinelo retrocedió hacia Desaguadero, buscando más insurrectos, mientras que Muñecas se dirigió a la región de las Yungas para seguir con la lucha.
La segunda división dejó el Cusco casi en las mismas fechas que la primera. Estuvo dirigida por Manuel Hurtado de Mendoza, con el clérigo José Gabriel Béjar y Mariano Angulo como lugartenientes. En su trayecto también recibieron mucho apoyo, y varios indígenas no dudaron en plegarse a su causa, por lo que no sorprende que hayan llegado a tomar Huamanga de forma pacífica y casi triunfal. Al ver el avance de los insurgentes, el virrey Abascal mandó a las tropas del batallón Talavera, comandadas por el coronel Vicente González. Estas enfrentaron a los insurgentes el 30 de setiembre de 1814 en Huanta, venciendo los realistas, por lo que los rebeldes se retiraron a Huamanga.
La tercera división partió del Cusco en octubre de 1814, bajo el liderazgo del brigadier Pumacahua, y Vicente Angulo, segundo al mando. Se dirigió a Arequipa y, como ocurriera con las anteriores divisiones, recibió apoyo de cada pueblo por el que pasaba. El virrey Abascal envió una fuerte unidad desde Lima, dirigida por el mariscal Francisco Picoaga. Los bandos se enfrentaron el 9 de noviembre del mismo año en la batalla de La Apacheta. Los insurgentes lograron la victoria, entrando en la ciudad arequipeña. Allí el cabildo recibió a Pumacahua y no tuvo problemas en declarar obediencia a la Junta de Gobierno del Cusco, aunque cerca de una semana después, cuando dejaron el lugar, los arequipeños no dudaron en jurar su adhesión al rey de España.
Fernando VII envía una expedición pacificadora al mando del general Pablo Morillo, con el objetivo de reconquistar América. Su plan es dirigirse a Montevideo, donde los realistas resisten desde 1812, y desde allí atacar Río de la Plata, pero al ser capturada la expedición, cambia de rumbo a Venezuela. Las tropas españolas restauran el virreinato de Nueva Granada en 1816. Es derrotada la tercera expedición auxiliadora al Alto Perú enviada por el Directorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En Nueva España, los insurgentes son derrotados en la batalla de Temalaca, y su líder, Morelos, es ejecutado.
La expedición militar dirigida por Mateo Pumacahua, derivada de la rebelión del Cusco de 1814, tuvo su punto culminante en las inmediaciones del río Llalli, ante la portentosa llegada del ejército realista procedente del Alto Perú. En Umachiri, el 9 de noviembre de 1814, se efectuó un encuentro bélico entre ambos bandos, resultando derrotadas las tropas rebeldes. Durante este conflicto, el ejército realista contaba con no menos de catorce mil hombres frente a una cantidad superior de rebeldes. Sin embargo, la deficiencia era la falta de armas de fuego e instrucción militar, como había ocurrido en Huánuco.
El ejército realista se dividió, cruzando en primer lugar el río con quinientos hombres, para, después de frenar los ataques dispersos de los insurgentes, reunirse en su totalidad. Mientras tanto, el campamento donde habían quedado arrieros y rabonas fue atacado por quinientos hombres del ejército insurgente que salieron del pueblo de Umachiri, ingresando por la retaguardia. Ante esto, el capellán Esteban Rodríguez, con ayuda de las mujeres, utilizó dos cañones para disparar y dispersar a los rebeldes, siendo luego atacados por la caballería al mando del teniente coronel Aragón. El ejército realista, que había terminado de juntarse, cercó por la derecha e izquierda al ejército insurgente y lo venció, huyendo quienes pudieron, entre ellos los dirigentes. Se logró capturar al coronel Dianderas (yerno de Pumacahua), al auditor de guerra Mariano Melgar, al cacique de Umachiri y alrededor de ciento cincuenta prisioneros. Tras esto se produjo la derrota del levantamiento porque los hermanos Angulo y Pumacahua fueron capturados y ejecutados.
El 17 de marzo de 1815, Mateo Pumacahua fue condenado a muerte. Fue ahorcado y descuartizado en la plaza de Sicuani, ciudad ubicada al sur de la ciudad del Cusco. Las partes de su cuerpo fueron desmembradas y terminaron en diferentes lugares, como señal de escarmiento: “la cabeza fue exhibida en la Plaza Mayor de la antigua capital del Tahuantinsuyo, un brazo se quedó en Sicuani, otro fue enviado a Arequipa, mientras que el resto del cuerpo se tiró a la hoguera”. El líder realista Juan Ramírez ingresó en el Cusco triunfante y ordenó cortar las orejas de cada prisionero para intimidar a las huestes indígenas. Entre el 28 y 29 del mismo mes, fueron ejecutados el resto de rebeldes: “los hermanos Angulo, el cura Béjar, el poeta Mariano Melgar, el coronel Dianderas (yerno de Pumacahua) y otros líderes del levantamiento fueron fusilados”.
Habiendo terminado con ellos, Ramírez procedió a aplicar un cupo que la población debía pagar en efectivo, y mandó constituir una comisión militar que investigara a todos los habitantes de la ciudad. Sin embargo, el levantamiento duró un poco más, puesto que, aunque la ciudad del Cusco ya había sido ocupada por los realistas, había aún unidades irregulares insurgentes en Chuquibamba, Chumbivilcas y Cailloma. La división de Francisco de Paula González fue enviada a abatirlas, y los realistas los aplastaron sin piedad, aunque los indígenas resistieron.
El levantamiento de Ocongate comenzó como apoyo a la insurgencia de 1814, en el Cusco. Estuvo liderada por el indígena Jacinto Layme, de quien se decía que fue un danzante del pueblo. Él visitó el Cusco unas cuatro veces, entre agosto de 1814 y febrero de 1815, para mostrar su apoyo y ofrecer ayuda a los insurgentes en favor de la “revolución de la patria”. De acuerdo con sus afirmaciones, en su última visita se le nombró “general… de los Indios”. Sin embargo, Anselmo Melo había sido nombrado cacique de Ocongate, por Vicente Angulo, mientras que Layme, al no ser un indio principal, resultaba difícil de creer tal nombramiento. Aun así, ya de regreso en Ocongate, organizó militarmente a los indígenas alrededor de febrero de 1815, cuando la insurgencia del Cusco estaba perdiendo fuerza debido a derrotas consecutivas. A esto se agregan los rumores de una contrainsurgencia desde el mismo Cusco, por lo que Layme sospechó que los criollos de Ocongate podían hacer lo mismo.
En Ocongate, se organizó cada ayllu como una unidad militar propia, y se les proveyó con palos y guaracas. Además, Layme reunió a los alcaldes indígenas, regidores y sus tropas organizadas. Sitiaron Ocongate un sábado para atacar al momento de la misa del día siguiente. En la iglesia se habían atrincherado los vecinos criollos, quienes vieron avanzar por la plaza del lugar a cerca de tres mil personas guiadas por Jacinto Layme, Mariano Dámaso Aparicio y Lorenzo Gallarreta. Ante esto, Manuel Flores, el cura del lugar, logró calmar la situación al hacer que todos besaran la imagen del Tayacani. Layme se retiró a las afueras del pueblo, pero allí reorganizó sus fuerzas, mientras que los criollos de Ocongate enviaron un mensaje a José Angulo en el Cusco sobre la situación.
El líder insurgente mandó llamar a Layme, y cuando este llegó al Cusco, fue confrontado por el procurador de Ocongate, familiar de Mariano Dámaso Aparicio. En ese momento, José Angulo negó que Layme haya sido designado general en su última visita de febrero, por lo que ordenó que lo arrestaran junto a su hijo Carlos. De esta manera, Padre e hijo fueron apresados, y las sospechas de Jacinto se concretaron cuando se produjo una contrainsurgencia en el Cusco un mes después. Luego fueron liberados por un miembro de la facción de Angulo y huyeron al Collao, desde donde se enteraron de un levantamiento en Marcapata contra el cura opresor del pueblo. Los Layme decidieron plegarse a esa causa, reclutando a más indígenas para volver de nuevo a Ocongate, buscando recuperar lo que se les había embargado, por lo que planeó saquear a los criollos.
A fines de 1814, se organizó la tercera expedición auxiliadora al Alto Perú, que fue encargada al general José Rondeau. Partió de Jujuy en enero de 1815 y llegó a Potosí en mayo. Mientras tanto, las fuerzas realistas, bajo la orden del general Pezuela, habían retrocedido sus posiciones hasta Challapata (aproximadamente a doscientos kilómetros al noreste de Potosí) y luego hasta Sora Sora (a más de veinticinco kilómetros de Potosí y a treinta kilómetros al sur de Oruro) como consecuencia de las noticias del avance de los rebeldes del Cusco hacia La Paz. Instalado en Potosí, entre mayo y setiembre, José Rondeau organizó sus fuerzas en dos divisiones: una al mando del coronel Álvarez de Arenales, que comprendía desde Desaguadero, Cinti y Cochabamba, al noreste, y una segunda bajo las órdenes de Martín Miguel de Güemes, desde Tucumán hasta Tupiza y Tarija. Su plan era rodear a las fuerzas de Pezuela.
A fines de setiembre de 1815, Rondeau marchó hacia el altiplano, aunque no pudo tomar Oruro. El 20 de octubre, fue derrotado por las fuerzas realistas comandadas por Pedro Antonio Olañeta, obligándolo a retroceder a Cochabamba. Ambas fuerzas volvieron a enfrentarse el 29 de noviembre, en Sipe Sipe o Viloma, donde el ejército realista se llevó otra vez la victoria. Los muertos del ejército expedicionario fueron unos mil, mientras que las bajas de los realistas, apenas treinta y doscientos heridos. Derrotados los seguidores de Rondeau, se vieron obligados a retroceder, pero en esta oportunidad a La Plata, ante lo cual el general José María Paz refiere: “que el enemigo no persiguió y que la dispersión no fue efecto del terror, sino del desorden y la incapacidad”. Con ello finalizó la tercera expedición auxiliadora al Alto Perú. Los sueños de una América libre se mantuvieron para regresar con fuerza hacia 1820, con expediciones nuevamente desde el sur, esta vez al mando de San Martín, y más adelante desde el norte con Bolívar, pero con los peruanos aguardando tal victoria.
Silva de Ochoa, Brígida
Se considera que nació en 1767 y murió en 1840, en Lima. Junto a sus hermanos Mateo y Remigio Silva, apoyaron la causa patriota. Sus hermanos participaron de una conspiración contra el virrey Abascal, en 1809, lo que significó la cárcel para Mateo. Con el apoyo de su esposo, Francisco Ochoa, Brígida se convirtió en una de las principales conspiradoras a favor de la causa patriota. Como su hijo se encontraba acuartelado en Santa Catalina sirviendo al ejército realista, Brígida desarrolló sus labores de espionaje, además del cuidado de prisioneros a los que llevaba consuelo, noticias y alimentos. Así consiguió información como la lista de los patriotas, los recursos, planes de puertos y caletas, entre otros datos, que fueron necesarios para el general José de San Martin quien preparaba la Expedición Libertadora.
Su ayuda fue fundamental en la evasión del párroco de Sicasica, José Medina, después del fracaso del levantamiento en el Alto Perú en 1809, por el que su hijo menor, José Ochoa, fue conducido a prisión. En 1810, ella transmitió la palabra de orden a Anchoris y al cura Tagle, un insigne patriota. La condena de su hermano Mateo a prisión y el pago de los costes por parte de la familia Silva, fue un duro golpe para Remigio y Brígida, empobreciendo a la familia. Además, Brígida sacrificó hasta el último centavo de su dinero para proporcionar víveres y vestidos a los prisioneros que visitaba, a pesar de las sospechas que podía provocar dicho comportamiento entre los detentadores del poder.
Por su papel destacado durante más de una década a favor de la causa patriota, fue declarada patriota por José de San Martin el 9 de febrero de 1822. Sobre su amor a la causa libertaria, el cura Tagle aseveró: “Ojalá todas las de su sexo hubieran coadyuvado como ella a formar la opinión pública, el patriotismo acendrado y el odio profundo a la tiranía”.
Zela, Francisco Antonio de
Francisco Antonio de Zela nació en Lima el 24 de julio de 1768. Sus padres fueron el español Alberto de Zela y Neyra y la chalaca Mercedes de Arizaga y Hurtado de Mendoza. Estudió en el Seminario de Santo Toribio en Lima, y a los dieciocho años se trasladó a Tacna, donde residía su padre, para aprender sobre el oficio de este, quien era balanzario, cargo importante dentro de la economía virreinal, que consistió en fundir la plata que provenía de los centros mineros para luego convertirlas en barras. Este oficio era heredable y, con la muerte de Alberto de Zela, Francisco asumió el cargo, cuyo nombramiento fue reafirmado el 11 de mayo de 1793.
Contrajo matrimonio el 6 de junio de 1796 con María Siles y Antequera Lazo de la Vega. El padrino del matrimonio fue el coronel Francisco Navarro. Tuvo nueve hijos, entre los que resaltan José Santos, quien fue ensayador y balanzario por la República peruana, y Lucas, quien sirvió en la caballería peruana en la campaña de Junín y Ayacucho. El 20 de junio de 1811, en la ciudad de Tacna, Zela lideró un levantamiento para ocupar los cuarteles realistas locales, y convocar a criollos, mestizos e indígenas partidarios de la causa libertaria. La rebelión buscó respaldar los objetivos de la primera expedición auxiliadora al Alto Perú de la Junta de Gobierno de Buenos Aires, comandada por Antonio González Balcarce y Juan José Castelli, quienes ese mismo día habían sido derrotados en Guaqui. La noticia sobre la derrota del ejército auxiliador al Alto Perú llegó el 25 de junio, y aprovechando el desconcierto causado por la noticia, los realistas desmontaron el movimiento y tomaron preso a Francisco Antonio de Zela.
Zela fue sometido a juicio y condenado a muerte. Luego de haber estado preso treintaitrés días, fue trasladado a Lima por orden del general Goyeneche, a fin de que se confirmase la sentencia. En Lima, fue defendido por su familia y vecinos de importante influencia, entre ellos destaca Julián García Monterroso, comerciante de fortuna y crédito, quien por medio de sus influencias logró reformar la sentencia. En una primera modificación, se le condenó al destierro perpetuo a La Habana, pero esta fue nuevamente modificada, condenando finalmente a Zela al presidio en el Chagres (Panamá), y terminado el presidio, la expatriación perpetua. Se le mantuvo preso en Lima hasta 1815, luego fue llevado a su presidio en Chagres, donde murió en 1819.
Vázquez de Acuña VII Conde de la Vega Ren, José Matías
José Matías Vásquez de Acuña, caballero de la orden de Santiago, último conde de la Vega del Ren, nació en Lima el 16 de mayo de 1784, y fue bautizado el 20 de abril de 1785, en la parroquia el Sagrario de la catedral de Lima. Sus padres fueron Matías Mariano José Cayetano Vásquez de Acuña Menacho y Vásquez de Acuña, y María Rosa de Ribera Mendoza y Maldonado. Fue alcalde de Lima en 1810, y regidor del cabildo constitucional de Lima en 1813 y 1820. Además, teniente coronel de las milicias de infantería de Lima, y gentilhombre de cámara del rey.
Estuvo involucrado en la conspiración tramada en Lima contra el gobierno del virrey Abascal, conocida como la Conspiración de El Número (1814). Se trataba de un intento de sublevar a los jefes y soldados del batallón El Número, compuesto en su mayoría por nacidos en el Perú y que era el único que resguardaba la capital, después de la guardia del virrey. Antes de que estallara la conjura, el conde fue denunciado por delatores anónimos, fue sacado de su casa de manera violenta y desaforada, el 29 de octubre de 1814, y puesto en prisión. Su esposa, la condesa María Josefa de la Fuente y Messía, protestó por este proceder ante la Real Audiencia, e incluso hizo llegar su queja ante la Corona, ya que se habían violado los procedimientos legales que debían seguir los acusados de sedición. La Corona le dio la razón y el 17 de febrero de 1815 el conde fue puesto en libertad, aunque se le prohibió salir de la ciudad de Lima. El conde alzó entonces su queja ante el Consejo de Indias, para lograr su total reivindicación, que logró en 1819.
El 7 de diciembre de 1820, fue elegido regidor del cabildo constitucional de Lima. Fue uno de los que prepararon la entrada del Ejército Libertador en la capital, así como la firma del acta de Declaración de la Independencia, llevada a cabo el 15 de julio de 1821. Dispuso también los preparativos de la proclamación pública de la Independencia del Perú, que se realizó en las principales plazas públicas de Lima, el 28 de julio. En esa ocasión, fue elegido para llevar la bandera de la flamante República, diseñada por José de San Martín, honor conferido por ser el ciudadano “más digno por sus virtudes y en el servicio de la Patria Libre”.
Luego San Martín lo hizo miembro del Consejo de Estado. Fue asociado a la Orden del Sol del Perú y ascendido a coronel de infantería. Al ser abolidos los títulos nobiliarios de la monarquía española, resultó el último conde de la Vega del Ren en América. Consumada la Independencia del Perú y afianzada la República, se retiró a Ayacucho, donde falleció en 1842.
Ubalde, Manuel
Fue un abogado y precursor de la Independencia del Perú, hijo del coronel Simón Ubalde y Rosa Zevallos. Nació el 27 de marzo de 1766, aunque aún hay imprecisiones acerca del lugar, ya que se ha señalado que fue en Lima, Moquegua y Arequipa; de acuerdo con su acta de bautizo, esta se hizo en la parroquia del Sagrario de Arequipa. Tuvo once hermanos, de los cuales solo sobrevivió uno, Gabino, pero su familia aun así sería reconocida por su “calidad”.
Aunque su padre era un coronel y receptor de alcabalas en el valle de Majes, y su madre contaba con algunas propiedades, esto solo les habría servido para mantener una frágil economía familiar. La educación de Ubalde recayó en manos de sor Josefa Jesús de Ubalde, una tía monja. Ubalde recibió el apoyo de esta tía en sus años iniciales, quien procuraba inculcarle una vocación religiosa; aunque no lo lograra del todo, sí consiguió que Ubalde se preocupara por los menos favorecidos.
Esta educación en un primer momento fue en el Colegio de San Bernardo, en el Cusco, y luego en la Universidad de San Antonio de Abad, donde estudió jurisprudencia y obtuvo el grado de bachiller en Derecho Civil en 1790. Dos años después llegó a Lima, estudió en el Real Convictorio de San Carlos, y se graduó de doctor en Leyes en la Universidad de San Marcos, recibiéndose de abogado. Mientras ejercía su profesión en Lima, conoció a Gabriel Aguilar, quien se habría presentado en su estudio, y con quien comenzó a compartir una visión política de lo que deseaban para el Perú. El mismo año en que conoció a Aguilar, 1800, se casó con Casimira Ugarte, hija legítima del alguacil mayor de Lima.
Regresó al Cusco para ser nombrado teniente asesor del brigadier Manuel Ruiz Urriés de Castilla, primer conde de Ruiz de Castilla, presidente de la audiencia de esa ciudad. En el Cusco, se reencontró con Aguilar en 1804, y terminaron por afianzar sus visiones políticas respecto a querer romper el dominio español y restaurar la monarquía peruana. Planearon dos expediciones para su rebelión, pero esta se vio frustrada cuando uno de los suyos, Mariano Lechuga, los delató el 24 de junio de 1805. Ubalde y Aguilar narraron sus intenciones sin retener detalles. El 22 de noviembre del mismo año fueron declarados culpables por premeditada sublevación. Se les ejecutó el 5 de diciembre en la misma plaza donde fue descuartizado Túpac Amaru II. El Congreso Constituyente de la República declaró a Aguilar y Ubalde beneméritos de la Patria, el 6 de junio de 1823.
Silva, José Mateo
Fue un abogado limeño acusado de conspiración contra el virrey Abascal por unas “tertulias sediciosas”. Se sabe poco de su fecha de nacimiento, pero provenía de una familia de comerciantes, siendo su padre uno muy acaudalado. Del resto de sus familiares se sabe que tenía un hermano, llamado Remigio, también acusado de conspiración, y que tuvo también un comercio pequeño. Asimismo, contaba con un pariente en Celendín (Cajamarca), llamado Juan Sánchez Silva. Se le describió como muy imaginativo y audaz.
Aunque no se conoce dónde estudió derecho, sí se sabe que, apenas se recibió de abogado, comenzó a ejercer en el estudio de Antonio María Pardo, un alférez de Dragones de Caballería, con quien participó en unas tertulias limeñas en las que se discutía la posibilidad de crear una junta de gobierno en la capital, en 1809. Esto se estaba comenzando a debatir en veladas y cafés después de la creación de la Junta de Gobierno de Quito, y del triunfo francés en la batalla de Zaragoza, dos hechos que comenzaban a despertar nuevas ideas entre los vecinos limeños.
Al poco tiempo de estas reuniones, Silva se reunió con varios vecinos en los portales de Lima para replegar la idea de crear una junta de gobierno, pero en setiembre de 1809, uno de los asistentes a estas reuniones, José Manuel Millán, lo delató ante el virrey y lo llamó “sansculote” a él y a los otros miembros de las tertulias, para hacerlos pasar como afrancesados. El 26 de setiembre, Juan Bazo y Berri, alcalde de crimen de la Real Audiencia, encerró a José Mateo Silva, Antonio María Pardo, Felipe Gamonal, Pedro Zorrilla y José Bernardo Manzanares. Bazo y Berri había recibido la orden del virrey Abascal, quien indicaba que en estas tertulias se planeaba un levantamiento en la ciudad.
Al ser interrogado, Silva reveló que Francisco Canosa y José Antonio García habían formado parte de las tertulias, lo que envolvió a estos dos personajes de nuevo en un potencial acto sedicioso (cuando ya se les había acusado de participar en uno anteriormente). El 27 de noviembre de 1809, se dictó en real acuerdo que Silva fuera condenado a diez años de encierro en el presidio de Bocachica (Cartagena), y se le retire el título de abogado por aquellas tertulias “perturbativas”; a Manzanares le dieron seis años de cárcel en las islas de Juan Fernández; y a Juan Sánchez, cuatro en la prisión de Valdivia. Su hermano Remigio logró huir a Chile; otros partícipes de las tertulias fueron condenados al exilio en España. Solo José Mateo Silva cumplió su condena. Se le trasladó a una casamata del Callao, donde falleció en 1815.
Pumacahua, Mateo
Mateo García Pumacahua Chihuantito, cacique de Chinchero —pueblo de la provincia de Calca y Lares (Cusco)—, descendiente en línea directa del Inca Huayna Cápac, nació el 21 de setiembre de 1740, en Chinchero. Sus padres fueron Francisco Pumacahua Inca Cusi Huaman y Agustina Chihuantito; ambos eran naturales del mismo pueblo y pertenecían al ayllu Pongo Ayamarca. En 1753, contrajo matrimonio con Juliana Cori Huaman, con quien tuvo seis hijos: Polonia, María Ignacia, Francisco de Paula, Lorenzo y María Eusebia Pumacahua Corihuaman. Luego de la muerte de su padre, en 1770, Pumacahua ocupó su lugar como cacique gobernador de Chinchero. En 1773 fue nombrado capitán de la compañía de indios nobles del Cusco. Entre 1780 y 1781, prestó sus servicios al rey, colaborando a exterminar la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, por lo que fue ascendido a coronel de milicias. Apagada la rebelión, fue condecorado con la banda e insignia de la Real Medalla.
En 1809, apoyó al general realista Goyeneche, quien llevó a cabo una campaña militar que tenía como objetivo pacificar y poner fin a la Junta de Gobierno de La Paz. Estas acciones le valieron el ascenso a brigadier, junto con la presidencia de la audiencia del Cusco, que asumió el 24 de setiembre de 1812. Durante su cargo como presidente, se dio la jura de la Constitución de Cádiz, la cual llegó al Cusco en diciembre de 1812. Sin embargo, las autoridades locales, entre ellas Pumacahua, difirieron de su publicación, lo cual llevó a manifestaciones encabezadas por Rafael Rodríguez Arellano. Finalmente, la Carta fue jurada el 23 de diciembre de ese año. Una de las disposiciones de la Constitución de Cádiz era la implementación de los ayuntamientos, cuya elección se celebró en febrero de 1813, en plena crisis entre liberales y conservadores, que no fue bien vista por Abascal. Esto llevó a que Pumacahua fuera reemplazado en el cargo de la audiencia por Martín Concha.
Retirado en su hacienda en Uruquillas, fue invitado por los hermanos Angulo para unirse a su revolución, que estalló el 3 de agosto de 1814. Además, se le nombró presidente de la Junta de Gobierno recién creada. Pumacahua aceptó el cargo y, asesorado por los Angulo, decidió mandar tres expediciones para abrir un segundo frente de batalla al ejército realista del Alto Perú. Pumacahua dirigió la tercera expedición auxiliadora, consiguiendo ocupar la ciudad de Arequipa, pero terminaron vencidos en la batalla de Umachiri, el 1 de marzo de 1815. Luego de esta derrota, mientras intentaba dirigirse al Cusco, cayó prisionero en Sicuani y fue enviado ante la presencia del general realista Juan Ramírez. Este mandó abrir un juicio, en el que rápidamente se le condenó a muerte. La sentencia se hizo efectiva, en Sicuani, el 17 de marzo de 1815.
Pezuela, Joaquín de la
Joaquín de la Pezuela y Sánchez Muños de Velasco nació en 1761, en Naval, Huesca, Aragón (España). Sus padres fueron Juan Manuel de la Pezuela y Anna María Sánchez Capay. Sus primeros estudios militares los realizó a los catorce años, cuando ingresó al Real Colegio de Artillería de Segovia, para finalizarlos en 1778, graduado de subteniente. Al poco tiempo de graduarse, participó en el Gran Sitio de Gibraltar, y en 1793, como capitán en la guerra contra la Convención francesa. En 1803, fue elegido para establecer en el Perú el nuevo plan de organización del cuerpo de artillería; su trabajo fue elogiado por el virrey Abascal, quien recomendó en 1810 que se le ascendiera a brigadier.
En 1813, fue nombrado comandante del ejército realista, en reemplazo de José Manuel de Goyeneche, quien presentó su renuncia luego de las derrotas realistas en Tucumán y Salta contra la segunda expedición auxiliadora al Alto Perú, enviada por el Primer Triunvirato de las Provincias Unidas del Río de La Plata. Al mando del ejército realista, logró recuperar el Alto Perú, y derrotó a la segunda y tercera expedición auxiliar al Alto Perú, enviadas desde Buenos Aires. Sus éxitos militares le valieron gran prestigio, por lo que Fernando VII le otorgó el título de marqués de Viluma y el grado de teniente general. En 1816 fue nombrado virrey del Perú, en reemplazo de José Fernando de Abascal.
Su labor como virrey estuvo concentrada en detener el avance de las expediciones patriotas que partían de Buenos Aires. Concentró sus fuerzas en mantener al ejército realista instalado en el Alto Perú y en sofocar las fuerzas comandadas por San Martín que se encontraban en Chile. Este último lugar fue perdido por el virrey luego de que los realistas fueran derrotados en Maipú, el 4 de abril de 1818.
Después de esto, su labor contra el avance patriota fue más débil. Hacia 1820, el ejército de San Martín había hecho su ingreso en el Perú, lo que causó que los oficiales realistas, encabezados por José de la Serna, lo obligaron a dimitir del cargo, en el llamado motín de Aznapuquio, en enero de 1821. Joaquín de la Pezuela partió rumbo a España en julio de 1821, donde luego se le nombró capitán general de Castilla la Nueva, en 1825. Falleció en Madrid, en 1830.
Paula Quiroz, Francisco de
Fue un abogado y prócer de la Independencia del Perú. Nació el 2 de abril de 1783, en Arequipa, producto de la unión del también abogado Blas de Quirós Santisteban con Antonia Lutgarda Nieto (de la casa de los condes de Anastalla, antigua familia de Moquegua). Contrajo nupcias con Lucía Delgado, y sus hermanos fueron Mariano Santos (vocal de la Corte Superior de Lima) y Anselmo (militar desde 1821, que llegó a ser general de división y murió en la batalla de Yungay, en el ejército de la Confederación Perú-Boliviana). Ha sido descrito como talentoso, famoso por ser letrado y temido por su audacia.
Cursó estudios en el Seminario de San Jerónimo en Arequipa, logró recibirse como abogado en la Universidad de Huamanga, y fue “togado” en Lima, en 1802, donde comenzó a ejercer. Se cree que desde 1808 comenzó a sentir inquietud por las rebeliones, y llegó a prestar su casa para reuniones de conspiración. Ejemplo de ello es que tuvo reuniones en el Club Carolino, donde acudían conspiradores patriotas, como Francisco Javier Mariátegui y Manuel Pérez de Tudela.
Su actitud impetuosa durante las elecciones en Lima para la diputación a cortes en 1812 hizo que el virrey Abascal lo mandara apresar, pero Quiroz huyó a Arequipa, donde también tuvo problemas con el intendente José Gabriel Moscoso durante las elecciones constitucionales de 1813. En esta ciudad, se le mandó apresar, y fue enviado a Lima por congeniar con los rebeldes de Tacna y el Alto Perú. Desde la capital mantuvo contacto con los insurgentes del Cusco de 1814, hasta que se le confinó en una casamata en el Callao, desde donde siguió conspirando, pero con los presos del lugar.
Una vez liberado, gracias a sus familiares, pudo continuar con sus conspiraciones. Esta vez con Juan Pardo de Zela y José Matías Vásquez de Acuña (conde de la Vega y jefe del Batallón de Cívicos El Número). La adhesión de este último fue importante, pues era él quien dirigía el único cuerpo de ejército que aún quedaba en Lima para su resguardo. Quiroz planeaba capturar al virrey Abascal y a las principales autoridades de la capital para que la insurgencia del Cusco de 1814 tuviese mayor dimensión, pero se dio demasiado retraso para su cometido. Pronto llegó al Callao el navío Asia, con el regimiento español Talavera. El virrey decidió desintegrar El Número, en favor del Talavera, y logró capturar a los conspiradores en la Fortaleza del Real Felipe. Quiroz falleció en 1819, faltando poco para la Independencia del Perú, a causa de una estocada que se le dio mientras practicaba esgrima.
Pardo de Zela, Juan
Juan Pardo de Zela y Vidal nació en Ferrol, La Coruña (España), en 1788. Sus padres fueron José Pardo de Zela y Josefa Vidal. Estuvo casado con la limeña Tomasa de Urízar y Bernales, con quien tuvo cuatro hijos: Juan, José Sebastián, Amalia y Teófilo Baldomero. Arribó a Buenos Aires en junio de 1803, en donde se instaló para dedicarse al comercio. Durante las invasiones inglesas a Buenos Aires, en 1806 y 1807, Pardo de Zela se unió a las fuerzas que defendieron la ciudad. Formó parte del batallón Tercio de Gallegos, y luego del batallón 3, bajo la orden de Francisco Ortiz de Ocampo. Por sus acciones, fue promovido a subteniente.
Cuando estalló la revolución de mayo de 1810 y se instaló la primera junta de gobierno, Juan Pardo de Zela abrazó la causa patriota, y marchó junto al general Ortiz de Ocampo a la primera expedición auxiliadora al Alto Perú. En 1811 y 1813, luchó en el Ejército del Norte durante la primera y segunda campañas en el Alto Perú. Cuando había alcanzado el grado de teniente coronel, fue capturado en Ayohuma y llevado a una casamata del Callao. En 1814, planeó un intento golpista contra las autoridades virreinales junto a Anselmo Quiroz y otros oficiales jóvenes, antes del arribo de un batallón del Real Regimiento de Talavera de la Reina, formado por españoles muy bien entrenados y leales a la monarquía. Sabían que sus milicias, bajo sus órdenes, no podrían vencerlos a menos que estuvieran preparados de antemano, pero se muestran demasiado dubitativos y dejan pasar la oportunidad.
En 1821, consiguió su libertad por intermedio del general San Martín, a quien se le une. Luego participó en la segunda campaña a puertos intermedios, a las órdenes del general Santa Cruz, en 1823, y por sus méritos fue ascendido a general de brigada. Durante el mandato de Bolívar, se le encomendó la prefectura de Ayacucho, con el fin de pacificar la zona de la insurrección de los indígenas iquichanos, en Huanta. Falleció en Lima, en 1868.
Morales y Duárez, Vicente
Vicente Morales y Duárez nació en Lima, el 24 de febrero de 1755. Sus padres fueron Vicente Antonio Morales y Santisteban (originario de Granada) y la limeña María Merceres Duárez y Anzúrez. Sus primeros estudios los siguió en el Seminario de Santo Toribio, y en el Convictorio de San Carlos, donde tuvo como maestro a Toribio Rodríguez de Mendoza, quien fue rector de esta institución desde 1785. Recibió el grado de bachiller en Artes de la Real y Pontificia Universidad de San Marcos en 1773, y los grados de bachiller, licenciado y doctor en Teología en 1775. En 1778, obtuvo el grado de bachiller en Cánones. Luego de recibir los máximos grados académicos, pasó a formar parte del claustro de profesores sanmarquinos, desempeñando las cátedras del Maestro de Instituta, de Código, de Vísperas, de Cánones y de Decreto de Graciano, que ejerció hasta antes de partir a España en 1810.
A la par de su carrera docente, desarrolló una intensa labor profesional como abogado. Fue parte de la creación definitiva del Ilustre Colegio de Abogados, en el que fue elegido diputado primero y formó parte del grupo designado para redactar los estatutos de la entidad. A lo largo de su vida también ejerció como funcionario real. Fue asesor de rentas estancadas en 1783 y 1784, asesoró al virrey Gil de Taboada en diferentes asuntos, fue asesor de la subinspección general por el virrey Ambrosio O’Higgins, y de la comandancia de marina.
Su figura política se volvió notable entre 1810 y 1812, al ser elegido diputado suplente por Lima en las Cortes de Cádiz, en setiembre de 1810. Asumió en un principio la comisión de Constitución. En noviembre de ese mismo año, fue elegido vicepresidente de las Cortes de Cádiz, y el 24 de marzo de 1812 asumió la presidencia, el cargo más importante de la monarquía española, considerando la ausencia del rey. Durante su paso por las Cortes de Cádiz, promovió mejoras para los indígenas, así como la igualdad de derechos entre América y España, como lo manifestó en su discurso del 11 de enero de 1812: “Debe hacerse alto en estas palabras incorporadas y unidas para entender que las provincias de América no han sido, ni son esclavas o vasallas de las provincias de España, han sido y son como unas provincias de Castilla con sus mismos fueros y honores”.
Vicente Morales y Duárez falleció a pocos días de asumir la presidencia de las Cortes de Cádiz, el 2 de abril de 1812. Sus funerales se realizaron en la iglesia del Carmen de Cádiz, tuvieron la presencia de los infantes de Castilla, y funcionarios del Consejo de Regencia y el Cuerpo Diplomático, entre otras personalidades destacadas. Sus restos fueron enterrados en el Cementerio Civil de Cádiz. Mientras que, en Lima, sus exequias se celebraron el 7 de noviembre de 1812, a la que concurrieron el virrey Abascal y funcionarios de la Audiencia, entre otros. Murió soltero y sin descendencia, por lo que se designó como heredera universal de sus bienes a su hermana Rosa.
López Aldana, Fernando
Fue un abogado, filósofo y periodista bogotano que llegó a ocupar el cargo de secretario personal del libertador José de San Martín, y que formó parte de la transición de la prensa de final del virreinato e inicios de la República. Nació en Santa Fe de Bogotá, el 30 de mayo de 1784, de la unión de Sebastián José López Ruiz y María Vegoña Aldana Silva. Su padre fue el científico que descubrió y puso en valor la planta de la quina. En Bogotá, estudió derecho en el Colegio Real de San Bartolomé y Santo Tomas, y en 1810 se incorporó al Colegio de Abogados de Lima, ciudad donde comenzó a ejercer. Un año después, López incursionó en la escritura, con El Diario Secreto de Lima, un periódico anónimo que se difundía de forma clandestina, y que llegó a imprimirse en la Gaceta de Buenos Aires. En El Diario Secreto de Lima, López pretendía traerse abajo la ignorancia y el despotismo del antiguo régimen, lo que generó un fuerte desagrado en el virrey Abascal.
López también escribió en El Satélite del Peruano, un mensuario que apareció el 21 de febrero de 1812. Allí escribieron también Manuel Salazar Baquíjano, Cipriano Calatayud y Diego Cisneros. Por este mensuario se ordenó que López fuera apresado, siendo encarcelado en el cuartel del Batallón Real de Lima, pero salió en libertad porque José Baquíjano y Carrillo y el marqués de Torre Tagle intervinieron por él. Aunque no se sabe la fecha exacta en que López conoció a San Martín, fue alrededor de 1817 que los argentinos lo reclutan, al considerarlo de confianza por conocer sus publicaciones. Hacia 1819, López remitía información importante al general San Martín (porque pertenecía a los más privilegiados círculos de poder), e incluso fue llamado “agente secreto” del libertador. Luego, como secretario de San Martín, López fue encomendado a editar Los Andes Libres. En 1821, Bernardo de Monteagudo le encomendó la supervisión de El Boletín del Ejército Libertador del Perú y El Pacificador del Perú.
En agosto del mismo año, se le dio la condecoración de la Orden del Sol del Perú, y en noviembre contrajo nupcias con Carmen Larriva, con quien tuvo once hijos. Hasta 1824 dirigió el Correo Mercantil, Político y Literario, pero el 5 de febrero de dicho año fue capturado por soldados realistas, y llevado hasta Puno, para ser recluido en el presidio de la isla Esteves. Después de la victoria en Junín y Ayacucho, Simón Bolívar regresó a López a su puesto de vocal de la Alta Cámara de Justicia. Se mantuvo en este puesto hasta 1831, cuando el Congreso de la República decretó que las personas no nacidas en el Perú no podían ejercer un cargo público. López inició un alegato por este atropello, hasta que se le reconoció como benemérito de la Patria y se le da un sueldo vitalicio por habérsele sacado del cargo. Al poco tiempo de esto, publicó Diálogo secreto, en el que despotrica contra el Congreso. Lamentablemente, el haber sido sacado de su cargo de vocal fue un impacto en su vida del que nunca se recuperó, por lo que se aisló de la vida pública, hasta que murió en 1841, según el diagnóstico médico, por fatigas mentales.
Fernando VII
Hijo del rey Carlos IV de España y la reina María Luisa de Parma, nació en San Lorenzo del Escorial, el 14 de octubre de 1784, y fue proclamado príncipe de Asturias, el 23 de setiembre de 1789, título que usó hasta que llegó al trono español en 1808. Luego fue proclamado nuevamente rey cuando se expulsó a José I de España, en 1814. Entre 1808 y 1814, se le consideró “el rey deseado”. Fue educado por el canónigo Juan de Escoiquiz y el duque de San Carlos, quienes se ocuparon de inculcarle un marcado desprecio por Manuel Godoy, primer ministro y favorito de su padre. Se casó a los dieciocho años con María Antonia de Nápoles, quien sufrió constantes desplantes de parte de la reina María Luisa, madre de Fernando, en buena parte porque esta se hallaba confabulada con Godoy. Así es como la corte española se iba fraccionando alrededor de las dos figuras que fueron Fernando y Godoy: la princesa María Antonia, junto a Escoiquiz y el duque de San Carlos apoyaban al heredero al trono, mientras que la reina María Luisa, junto a Godoy.
Crespo y Castillo, Juan José
Natural de Huánuco, nació en 1747. La infancia y juventud del prócer huanuqueño aún son desconocidos. Lo poco que se sabe es que se dedicaba a la agricultura, que provenía de una familia acaudalada dueña de tierras en Huánuco, y que tuvo un hermano (llamado Pedro José) y dos hijas (una fallecida en 1812 y otra llamada Nicolasa). Durante su adultez, se dedicó al cultivo de cascarilla y tabaco, tuvo gran respeto entre la población local, lo que le llevó a ocupar el cargo de regidor, y luego síndico procurador, a inicios del siglo XIX. Sin embargo, luego de que las Cortes de Cádiz promulgasen la supresión de la libertad de los cultivos, en 1812, organizó reuniones entre comerciantes y principales afectados por el decreto, lo que finalmente desembocó en una importante rebelión y Junta de Gobierno de Huánuco, entre febrero y marzo de 1812.
Crespo fue elegido jefe de la asamblea, en reemplazo de Domingo Berrospi. Organizó las fuerzas de la Junta de Gobierno de Huánuco, quienes obtuvieron un triunfo en el primer combate de Ambo. Sin embargo, en el segundo combate, las fuerzas realistas, comandadas por José González de Prada, intendente de Tarma, sofocaron a los rebeldes en Ambo, el 17 de marzo. Tras la derrota, los líderes rebeldes pasaron a Huánuco, con la intención de reorganizar las fuerzas, pero los realistas hicieron su entrada en la ciudad dos días después.
Después de la entrada del ejército realista en Huánuco, se procedió con la captura y ejecución de los líderes y principales miembros del levantamiento. Juan José Crespo y Castillo fue hallado en Chinchao. Su ubicación fue revelada por Juan Marín Yavar, quien lo traicionó, pues este había sido también un rebelde. Se capturó también a Antonio Espinoza —El Limeño— y a José Rodríguez, en la montaña de Chigungala. Asimismo, a Marcos Duran Martel, quien se escondía cerca de la ciudad Chaglla Pampa. El 14 de setiembre de 1812, en la plaza de armas de Huánuco, se ejecutó a los líderes de las fuerzas rebeldes huanuqueñas. Fueron sacados de sus calabozos y arrastrados hasta un cadalso mortuorio, donde, en el caso de los criollos Crespo y Rodríguez, se ordenaron sus fusilamientos, mientras que, para castigar a Aro, se procedió con su asesinato por medio del garrote.
Belgrano, Manuel
Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació el 3 de junio de 1770, en Buenos Aires, cuando todavía estaba bajo la jurisdicción del virreinato del Perú. Sus padres fueron Domingo Belgrano Peri (comerciante de origen genovés) y María Josefa Gonzales Casero (perteneciente a una distinguida familia de Buenos Aires), quienes tuvieron dieciséis hijos; Manuel fue el octavo. Sus estudios escolares los realizó en Buenos Aires, en el Real Colegio de San Carlos, mientras que sus estudios superiores los siguió en Salamanca, donde se graduó como abogado en 1794. Destacó además en la economía política, lo que lo llevó a ser convocado, en junio de 1794, para ocupar el cargo de secretario del consulado de Buenos Aires, cargo en el que estuvo hasta 1810.
Su carrera militar comenzó cuando fue designado por el virrey Melo capitán de milicias urbanas, lo cual no le despertó a Belgrano mayor entusiasmo. No tuvo actividad significativa hasta 1806, durante la primera invasión inglesa a Buenos Aires, en la que destacó al defender la ciudad. Por sus acciones, fue designado sargento mayor de la Legión Patricia, cuyo comandante era Cornelio Saavedra. En la segunda incursión inglesa en Buenos Aires, Belgrano fue designado como ayudante de campo, y tras expulsar a los invasores de manera definitiva, retoma su puesto en el consulado.
Durante la crisis de la monarquía, Belgrano había intercambiado correspondencia con la infanta Carlota de Borbón, que se encontraba en Río de Janeiro, y había buscado apoyo en Buenos Aires para asumir la Corona en ausencia del monarca español. Belgrano tomó distancia de las pretensiones de Carlota, al ver en ella la continuidad del absolutismo. Belgrano ya había adoptado la causa del autonomismo, que después desembocará en la revolución separatista de la Junta de Gobierno de Buenos Aires.
En la Junta de Gobierno de Buenos Aires, formada el 25 de mayo de 1810, Manuel Belgrano ocupó un puesto de vocal, y tomó partido por Mariano Moreno, secretario de la asamblea, cuyos partidarios eran llamados morenistas. En el desarrollo de la institución, hubo conflictos con de los partidarios del presidente de la Junta de Gobierno de Buenos Aires, Cornelio Saavedra, es decir, los saavedristas. La asamblea ascendió a Belgrano al grado de general para comandar las expediciones a Paraguay y a la Banda Oriental, en 1811. En 1812, el Primer Triunvirato de las Provincias Unidas del Río de La Plata lo designó como jefe de los ejércitos del norte, que llevaron a cabo la segunda expedición auxiliadora al Alto Perú, la cual concluyó en octubre de 1813, tras ser derrotada contundentemente en Huaqui y Ayohuma por las fuerzas realistas del general Pezuela.
Después del fracaso en el Alto Perú, Belgrano cede el mando del Ejército del Norte al general José de San Martín. En 1814, Manuel Belgrano viajó a Europa para una misión diplomática, regresando en enero de 1816. Ese mismo año, el Congreso Nacional Constituyente lo nombró general en jefe del ejército auxiliar del Perú, del cual se hizo cargo desde Tucumán, hasta 1819, cuando decidió solicitar una licencia debido a su delicado estado de salud a causa de la hidropesía que padecía. El 20 de junio de 1820, Manuel Belgrano falleció en Buenos Aires.
Barca y Lois, Manuel Calderón de la
Manuel Calderón de la Barca y Lois nació en Tacna, en 1754. Fue el quinto hijo del matrimonio entre el español Faustino Calderón de la Barca y la chilena María de Lois y de la Parra. Los otros hijos del matrimonio fueron Petrona, Josefa, Jacinta, Francisca, Andrea y Juana. Contrajo matrimonio con Juana Ara y Robles, hija de Toribio Ara y Cáceres, cacique de San Pedro de Tacna, con quien tuvo cuatro hijos: Tomasa, María del Carmen, Isabel y José María Calderón de la Barca y Ara.
Tomó parte activa en la preparación y ejecución del segundo levantamiento de Tacna por la Independencia del Perú en 1813, promovido por los hermanos Enrique y Francisco Paillardelle. Fue apresado en Tacna, a raíz de la derrota de Camiara, y trasladado ante las autoridades realistas del Alto Perú y confinado en la fortaleza de Oruro. Allí se le siguió un consejo de guerra que lo condenaría a ser fusilado, pues era autoridad pública cuando conspiró contra la Corona española. Gracias a su esposa María Toribia Ara y Robles, a sus influencias, y al pago de una fuerte suma de dinero, logró que la sentencia de muerte fuese evitada. Se le condenó a abjurar públicamente de sus errores independentistas en la plaza principal de Oruro, a hacer una donación de cinco mil pesos para auxilio de las armas de S.M., y a dos años de destierro entre los indios chaneses en el puerto llamado actualmente Covendo, con muchas incomodidades, donde le siguió su fiel esposa.
Cumplida la sentencia en todas sus partes, fue enviado a Lima a disposición del virrey. En 1823, libre la patria del dominio español, tanto Manuel como otros tacneños y altoperuanos fueron restituidos a sus hogares. Para ello se dispuso el viejo barco Santísimo Sacramento con despacho del Callao para los puertos de Islay y Arica. Se embarcaron Manuel, su esposa e hijos, y dos tacneños también desterrados: Pío de Belaúnde y otro apellidado Barrios. En el viaje, los sorprendió una paraca huracanada a la altura de Pisco, que dejó muy maltrecha la nave, desarbolada y sin gobierno. Finalmente, se estrelló contra unos arrecifes en la proximidad de las costas de las Islas de Chincha. Fue un desastre total, nunca más se supo ni del Santísimo Sacramento ni de su tripulación ni de sus viajeros. En 1826, cuando se hallaba Simón Bolívar en Tacna, las familias de los náufragos lograron que uno de los barcos de la Armada Nacional saliese con una expedición para buscar a sus deudos. La nave no encontró nada en las Islas de Chincha, en las que se suponía que podrían hallarse los náufragos o al menos sus restos. Así, trágicamente desapareció la familia Calderón de la Barca y Ara.
Baquíjano y Carrillo, José
Fue un abogado, político, escritor, economista y jurista peruano nacido el 13 de marzo de 1751, en Lima. Era segundo hijo del matrimonio entre Juan Bautista Baquíjano, caballero de la Orden de Santiago, y María Ignacia Carrillo de Córdoba y Garcés de Mansilla, descendiente de fundadores de la capital del virreinato. Llevó estudios de latinidad en el seminario conciliar de Santo Toribio de Lima, donde alcanzó, en 1762, el grado de bachiller en Cánones. Tres años después obtuvo el título de doctor en Leyes y Cánones en la Universidad de San Marcos. En 1769, se recibió de abogado de la Real Audiencia de Lima, y en 1772 llegó al Cusco para ocupar el cargo de secretario del obispo de la ciudad, Agustín de Gorrichátegui, con quien al año siguiente partió a España. Antes de dicho viaje, fue asesor del Tribunal del Consulado y del cabildo de Lima.
En este primer viaje a España, frecuentó casas de juegos madrileñas, aunque su objetivo había sido obtener un puesto administrativo. Por esta conducta, en 1776, se le ordenó regresar a Lima. Entre 1778 y 1780 logró las cátedras sanmarquinas de Instituta, y de Vísperas de Leyes. En la Universidad de San Marcos impulsó la modernización de la enseñanza. Asimismo, fue fiscal interino del crimen en la Real Audiencia. En 1780 y 1781 defendió a los caciques Bernardo Tambohuacso y Chancay Pedro de Cimbrón por ser acusados, respectivamente, de conspiración y rebelión.
Ganó popularidad con su Elogio del excelentísimo señor don Agustín de Jáuregui, pronunciado el 27 de agosto de 1781, en el que criticó al visitador José de Areche por sus formas represivas, y citó libros prohibidos. Este discurso generó disgusto entre las autoridades, por lo que en 1783 se dispuso que se confiscaran sus ejemplares, haciendo que años después Baquíjano llegase a arrepentirse de su publicación. Formó parte de la Sociedad de Amantes del País en 1790, y publicó en el Mercurio Peruano bajo el seudónimo de Cephalio. Entre sus publicaciones, cabe resaltar “Historia de la fundación, progresos y actual estado de la Real Universidad de San Marcos de Lima” y “Disertación histórica y política sobre el comercio del Perú”.
Los siguientes años se desempeñó como vicerrector de la Universidad de San Marcos, procurador del cabildo, alcalde del crimen en Lima, juez de alzadas, hasta que, en 1807, recibió el título de conde de Vistaflorida tras la muerte de su hermano. Asesoró al virrey Abascal durante el periodo de las Cortes de Cádiz, y en 1813 viajó de nuevo a España, donde escribió sobre la revolución hispanoamericana. Al año siguiente, se le dio el cargo de miembro de la sala tercera de justicia del restablecido Consejo de Indias, pero solo duraría en el cargo poco más de un año, pues en 1815 tuvo un problema legal por la herencia de su hermano, que hizo que lo destierren a Sevilla, donde murió en 1817.
Aguilar, Gabriel
Fue un mineralogista, empresario minero y precursor de la Independencia del Perú, nacido el 18 de marzo de 1773, en Huánuco. Sus padres fueron el español Salvador Aguilar, y la criolla Clara Narvarte. Fue bautizado en la parroquia del Sagrario, el 12 de agosto de 1775, y tuvo siete hermanos. Quizá fue educado en el Real Convictorio de San Carlos, donde habría recibido maltratos por parte de sus maestros, lo que hizo que llegara a cuestionarse si Salvador y Clara eran sus padres. Por ese tiempo, cuando tenía nueve años, comenzaron sus característicos sueños que luego relató en su juicio (1805). Estos lo llevaron a verse a sí mismo como un ungido y elegido por Dios, y dirigieron su visión política. Impulsado por estos sueños, abandonó a sus padres en 1787 y fue a la zona del Marañón para hacer prédica a los indígenas “infieles”.
En estos viajes logró llegar a Copiapó, Chile, Potosí, Mendoza y Buenos Aires, donde pudo ver el maltrato al que eran sometidos los indígenas. Estos comenzaron a verlo como un caudillo o emisario de Túpac Amaru. Luego se enrumbó a España, donde confirmó el mal manejo dentro del gobierno absolutista, pero pudo a la vez acercarse a las ideas liberales de finales del siglo XVIII. De regreso a Lima, al parecer en 1800, conoció a Manuel Ubalde y se relacionó con los medios intelectuales de la capital.
En el Cusco, fue donde pudo congeniar mejor sus ideas con Ubalde (cuando se reencontraron en 1804) acerca de cambiar la sociedad virreinal al romper el dominio español. Aguilar estaba guiado por sus sueños, mientras que Ubalde compartía buena parte de su visión política, aunque ambos eran conscientes de que no eran descendientes de incas o lo suficientemente capaces para poder gobernar. Desde ese momento planearon su rebelión y consiguieron que diversas personalidades del Cusco los acompañaran.
El 24 de junio de 1805 fueron delatados por Mariano Lechuga, uno de sus cómplices. A Aguilar y a Ubalde se les sometió a un juicio de cinco meses en el que revelaron sin problema sus intenciones; Aguilar incluso narró sus sueños. El 22 de noviembre del mismo año se les declaró culpables por premeditada sublevación, y fallecieron el 5 de diciembre en la plaza mayor del Cusco, al ser ahorcados en el mismo lugar donde fue descuartizado Túpac Amaru II. El 6 de junio de 1823, el Congreso Constituyente de la República declaró a Aguilar y Ubalde beneméritos de la Patria.
Abascal, Fernando de
José Fernando de Abascal y Sousa nació el 3 de junio de 1743, en la ciudad de Oviedo, Asturias (España). Su carrera militar comenzó en 1762, cuando por motivo de la guerra con Inglaterra y Portugal decidió servir en un regimiento de Mallorca. Luego participó en campañas en América Central (1767), en Argel y Río de la Plata (1775). Participó en la guerra contra Francia (1793), logrando que el rey Carlos IV lo ascendiera al grado de coronel. Tras su campaña contra Francia, fue enviado a La Habana para asumir el cargo de teniente de rey, en el que se mantuvo hasta 1799, para luego pasar a Guadalajara en Nueva Galicia (virreinato de Nueva España), para tomar el cargo de comandante general, intendente y presidente de la audiencia.
En 1802 fue ascendido a mariscal, y en 1804, designado como virrey del Río de la Plata. Sin embargo, durante el trayecto para tomar el mando, fue hecho prisionero por embarcaciones británicas, pero logró retornar a Europa, en donde se le designó como nuevo virrey del Perú, a donde llega en julio de 1806, pero hace su entrada publica el 20 de agosto de ese mismo año. El gobierno del virrey Abascal duró diez años. Algunas de sus labores más destacadas fueron la introducción de la vacuna contra la viruela, y la creación del Cementerio General en las afueras de la ciudad de Lima, prohibiendo los entierros en las iglesias. Además, reconstruyó el Colegio de San Pablo para indios y mestizos, supervisó el establecimiento de un gremio de abogados, estableció el Colegio de Medicina de San Fernando y la Academia de Dibujo y Pintura, reorganizó el Colegio del Príncipe, y remodeló el Seminario de Santo Toribio.
Abascal mantuvo el control español sobre el virreinato del Perú, en momentos en que se levantaban rebeliones en el Río de la Plata y Nueva Granada. Sofocó las revueltas en el sur del Perú, envió tropas a Quito y Chile para sofocar los movimientos autonomistas. Asimismo, anexó la audiencia de Charcas a la del virreinato del Perú, y lo retuvo contra los rebeldes de La Plata y los ejércitos invasores enviados por los sucesivos gobiernos insurgentes en Buenos Aires. Tras varios años de dirigir campañas militares contra los movimientos independentistas, Abascal solicitó que se le relevase del cargo, lo cual se hizo efectivo el 7 de julio de 1816, cuando se lo entrega al general Pezuela. Tras su retiro, retornó a España para instarse en Madrid, en donde murió el 31 de julio de 1821.
Tacna
La ciudad de Tacna había sido parte del partido de Arica, entonces circunscrito a la intendencia de Arequipa. En la primera década del siglo XIX fue sede de dos importantes levantamientos patriotas que buscaban abrir un segundo frente ante los sucesos en el Alto Perú, en apoyo al ejército patriota de Buenos Aires. El primero de ellos se produjo en 1811, ante la incertidumbre generada por lo cerca que se hallaban las tropas bonaerenses del Alto Perú. El 20 de junio de dicho año, el día de la batalla de Huaqui, muchas personas asaltaron los dos cuarteles de las milicias coloniales, después de partir de la casa de Francisco de Zela Amézaga. En este grupo se encontraban, entre otros, Cipriano Vargas, Manuel Argandoña, Fulgencio Valdés, Gabino Barrios. Después de someter a las milicias en el cuartel, se procedió a declarar a Francisco de Zela como comandante militar de la plaza.
Los sublevados, al enterarse del desastre en Huaqui, bajaron las guardias al sentirse desmoralizados, hecho que los realistas aprovecharon para retomar sus posiciones y apresar a los líderes del alzamiento. Dos años después, se volvería a dar una sublevación, cuando el 3 de octubre los cuarteles de la ciudad fueron asaltados por rebeldes patriotas. Este triunfo patriota llegó a oídos del intendente arequipeño José Gabriel Moscoso, quien mandó soldados hacia Tacna para enfrentar a los rebeldes. Así se dio el conflicto entre las tropas realistas contra los rebeldes comandados por Enrique Paillardelle, el 31 de octubre de 1813. Los rebeldes tuvieron que retirarse hacia Tacna, donde ya se conocía el desastre sufrido por Manuel Belgrano en Vilcapuquio. La segunda sublevación de Tacna terminó el 2 de noviembre, cuando Paillardelle emprendió su camino hacia el Alto Perú.
Puno
La ciudad de Puno se había establecido definitivamente a fines del siglo XVIII, cuando la intendencia del mismo nombre volvió al virreinato peruano, en 1796. La llegada de la Constitución de Cádiz no fue del agrado del intendente, pero la Carta fue publicada el 30 de noviembre de 1812 y, al día siguiente, jurada. Fue el propio intendente de Puno, Manuel Quimper, quien presidió los actos. Realizando el cumplimiento dispuesto por la Constitución, en Puno se llevaron a cabo, y sin mayor problema, las elecciones para ayuntamientos en 1813 y 1814. Manuel Martín Rivarola fue el primer alcalde de la primera junta electa del ayuntamiento de Puno.
En 1814, estalló la rebelión en el Cusco, dirigida por los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, cacique de Chinchero. Ellos dirigieron una primera expedición a Puno, Desaguadero y el Alto Perú. La campaña a Puno estuvo dirigida por el sargento mayor José Pineo y el cura tucumano Ildefonso Muñecas. Estos hicieron su entrada en Puno el 29 de agosto de 1814, sin encontrar resistencia. Por el contrario, el intendente había huido a Arequipa y la guarnición realista se unió a las fuerzas patriotas.
En el ocaso de la rebelión, en Ayaviri, ya se habían replegado los rebeldes al mando de Pumacahua, que dejaron Arequipa. Estos se enfrentaron a los realistas el 11 de marzo de 1815, cerca del río Llalli, en Umachiri, donde el general Ramírez atacó ferozmente con su infantería a los rebeldes. Como resultado, en el campo de batalla, quedaron más de mil muertos e innumerables heridos, a la vez que cientos de rebeldes fueron fusilados al caer en manos de Ramírez, entre ellos el curaca de Umachiri, el coronel Dianderas y el poeta Mariano Melgar.
Lima
Durante la crisis de la monarquía y la eclosión de las juntas revolucionarias en las principales ciudades del continente, Lima se mantuvo como un fuerte bastión realista, principalmente por la acción del virrey Abascal, quien desde la capital del virreinato dirigió un conjunto de campañas militares para sofocar los movimientos autonomistas en La Paz, Chile, Quito, Tacna, Cusco y Huánuco, y llevar una llevar una guerra contra la Junta de Gobierno de Buenos Aires, que luego se transformó en el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Además, en la capital peruana, se llevó a cabo diversas campañas de censura y represión contra las múltiples conspiraciones que se gestaban en los círculos intelectuales o tertulias sediciosas, producto de la fiebre liberal, y las noticias provenientes de España y Buenos Aires; entre diversos temas, pedían la creación de una junta gubernativa en Lima. En estas actividades, se vieron involucrados José Mateo Silva, Francisco Canosa, José Antonio García y el conde de la Vega del Ren, entre otros, que fueron acusados y juzgados por subversivos. Una conspiración que quiso ir más lejos fue el intento de derrocamiento de las autoridades coloniales organizada por Francisco de Paulo Quiroz, quien quiso aprovechar lo poco resguardada que se encontraba Lima, en 1814, para capturar al virrey y otras autoridades.
Con la libertad de imprenta dada por las Cortes de Cádiz en 1811, en la ciudad de Lima aparecieron un sinfín de diarios, como El Cometa, La Abeja Española, El Buscapique, El Freno, La Sonda, El Argos, El Anti Argos, El Antiramalazo, El Heléboro, La Geringa, El Encapado, El Semanario y El Español Libre. Los que más destacaron fueron El Satélite Peruano, El Peruano y El Verdadero Peruano, que expresaron de manera más contundente los excesos de las autoridades virreinales. Lima resistió a los rebeldes patriotas, y fue sobre todo por la acción del virrey Abascal, pero a la salida de este, en 1816, la situación política se volvió cada vez más crítica, volviéndose inevitable el ingreso del Ejército Libertador en julio de 1821.
Huamanga
Huamanga, capital de la intendencia del mismo nombre, fue el destino de la segunda división de rebeldes del Cusco en 1814, al mando de Manuel Hurtado de Mendoza, junto a sus lugartenientes (el clérigo José Gabriel Béjar y Mariano Angulo). En esta marcha, lograron incrementar sus tropas debido a que recibieron múltiples muestras de apoyo, entre Andahuaylas y Huamanga, y cuando llegaron a ella, la tomaron de forma pacífica. Tras la entrada en la ciudad, las tropas rebeldes se dirigieron al norte de la intendencia, para enfrentar a las fuerzas realistas del comandante Vicente González, pero este fue reforzado con milicianos mestizos e indígenas, además de las tropas del batallón Talavera enviadas por Abascal. Se dieron tres enfrentamientos entre setiembre de 1814 y febrero de 1815, en Huamanguilla, en Huanta y en Matará; los rebeldes fueron derrotados en cada uno. Luego de Huanta, los rebeldes optaron por replegarse al norte de la intendencia, retirándose de Huamanga por la noche, dejando que los realistas tomen la ciudad.
Huánuco
En Huánuco se produjo un levantamiento el 22 de febrero de 1812, después de que los alcaldes de varias parcialidades se reunieran y llegasen a un acuerdo sobre qué acciones tomar ante el descontento por el régimen colonial. Esto se dio en el marco del avance de las tropas bonaerenses por el Alto Perú, que, se rumoreaba, venían con un descendiente de los gobernantes incas. Animados por esta situación, en dicha fecha se acercaron a la ciudad de Huánuco los indígenas de Pillao, Santa María del Valle, Acomayo y Panao, armados con hondas, piedras y palos. Fueron enfrentados por la milicia comandada por el alférez Agustín Pérez, pero esta última fue derrotada. Los sublevados ingresaron en la ciudad, y a los pocos días, el 26 de febrero, se formó una junta de gobierno en la ciudad. Esta fue extinguida el 21 de marzo, luego de que el general realista e intendente de Tarma, José González de Prada, entrara en la ciudad, tras haber derrotado a las fuerzas de la junta en el segundo combate de Ambo, el 18 de marzo.
Cusco
En las últimas décadas del virreinato del Perú, la ciudad del Cusco fue testigo principal de dos importantes levantamientos: el de Túpac Amaru II (1780) y el de Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo (1814). Este último se dio en un contexto de posiciones muy polarizadas en la Ciudad Imperial, donde el retraso de la proclamación de la Constitución de Cádiz generó una gran incertidumbre y rechazo por parte de la población. Así, el 2 agosto de 1814, se sublevaron las tropas, mandando a prisión al presidente, regente y oidores de la Real Audiencia. De inmediato, los insurrectos formaron una junta gubernativa en la que Mateo Pumacahua asumió como presidente, y que luego decidió emprender diferentes campañas hacia el Alto Perú, Huamanga, Arequipa y Puno. En 1815, Pumacahua fue capturado, y luego ejecutado en Sicuani, mientras el general realista Ramírez entró en el Cusco de forma triunfal el 25 de marzo del mismo año. Después, Ramírez decidió aplicar un cupo a la población, que debía pagar en efectivo. Asimismo, mandó instaurar una comisión militar para que investigara a todos de los habitantes de la ciudad y sancionase según le pareciera.
Arequipa
Respecto a la ciudad de Arequipa durante el apogeo de los movimientos revolucionarios de la segunda década del siglo XIX, podemos destacar la expedición militar dirigida a esta urbe por la tercera división de la rebelión del Cusco en 1814, al mando de Mateo Pumacahua. Estos rebeldes se enfrentaron a las tropas realistas en La Apacheta (cerca de Arequipa), el 9 de noviembre del mismo año, en la que vencieron los rebeldes. Al entrar los rebeldes en la ciudad, Pumacahua le exigió al virrey que proscribiese, mientras que el cabildo arequipeño juró obediencia a la Junta Gubernativa (aunque luego festejarían el retiro de los rebeldes). Pumacahua dejó Arequipa al notar la cercanía del general realista Ramírez, quien ya había desatado una ola de violencia en La Paz. Este entró en a la ciudad mistiana el 9 de diciembre de 1814, donde sus tropas descansaron y se reequiparon para partir de nuevo en febrero del año siguiente. El general Pío Tristán se quedó en Arequipa como gobernador.
Alto Perú
Se conocía como el Alto Perú, el área que estaba bajo la jurisdicción de la audiencia de Charcas, conocida también como Chuquisaca, que luego conformaría la actual república de Bolivia. Aunque inicialmente estos territorios estaban bajo la jurisdicción del virreinato del Perú, en 1776 pasaron a formar parte del recién creado virreinato del Río de la Plata. Tras los hechos ocurridos en Chuquisaca y La Paz, en 1809, el virrey del Perú, José Fernando de Abascal, dispuso que estas provincias retornen al virreinato peruano de manera provisional.
La disposición del virrey trajo consigo un conjunto de campañas militares enviadas desde Buenos Aires, con el fin de liberar el dominio realista de la zona, aunque también el Alto Perú era de especial importancia por encontrarse en ella la mina de Potosí, la principal productora de plata de la región. El Alto Perú fue territorio de conflictos desde 1810, cuando se envía la primera expedición auxiliadora al Alto Perú, comandada por Balcarce y Castelli, que tenía por objetivo liberarla de los ejércitos del virrey del Perú. Se dieron en total cuatro expediciones auxiliadoras entre 1810 y 1817. Entre otras expediciones militares contra los realistas en el Alto Perú, destaca la que dirigió la Junta de Gobierno del Cusco en 1814, que fue dirigida por León Pinelo y el cura Ildefonso Muñecas; esta llegó hasta La Paz el 14 de setiembre de 1814 para cercarla. Durante esta campaña, los rebeldes del Cusco recibieron varias muestras de apoyo, como en los pueblos de los barrios de San Pedro y San Sebastián. Los realistas se hicieron paso por Oruro hasta llegar a La Paz, donde triunfaron el 1 de noviembre de 1814 sobre los rebeldes provenientes del Cusco.